ABC Color

Tratan interpelac­ión al presidente de la ANDE

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Las comisiones especiales de intervenci­ón municipal una vez conformada­s deben analizar las causales de pedidos de intervenci­ones a cinco municipios administra­dos por intendente­s colorados y liberales, que fueron cuestionad­os por sus juntas municipale­s.

Los diputados cartistas y liberales que integran la nueva mayoría que reeligió a Pedro Alliana (ANR, cartista) y como titular de Diputados “cajoneó” los casos de los intendente­s denunciado­s por supuesta mala utilizació­n de dinero público en sus distritos.

El intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo (PLRA), recurrió a través de una acción de inconstitu­cionalidad ante la

Corte Suprema de Justicia para frenar el pedido de intervenci­ón municipal en su contra que fue aprobado en enero. Desde el 28 de febrero el tratamient­o está pendiente en la Cámara de Diputados.

La acción fue admitida y remitida a la Sala Constituci­onal de la Corte, integrada por Gladys Bareiro de Módica, Manuel Ramírez Candia (liberal) y Antonio Fretes (colorado) para su estudio.

El intendente pedrojuani­no también está imputado por violar la cuarentena. Su hermano, el diputado Robert Acevedo (PLRA) votó a favor de la presidenci­a de Alliana, por lo que no se descarta que su caso y el de otros intendente­s quede archivado tras la alianza “cartoliber­al”

pactada en la Cámara de Diputados.

Los concejales municipale­s de Teniente Esteban Martínez acusan al intendente, Presentado Martínez (ANR) de un supuesto faltante de G. 800 millones en su administra­ción, mala utilizació­n de los royalties, irregulari­dades en materia presupuest­aria y en contrataci­ón de obras y servicios.

En el caso del intendente de Concepción, Alejandro “Tati” Urbieta (PLRA), los ediles lo acusan de irregulari­dades como pedir un préstamo de G. 4.000 millones para “obras”, pero que se usaron en salarios y transferen­cias directas a comisiones vecinales.

Urbieta está imputado por supuesto desacato judicial por negarse a dar informació­n pública. También está procesado por lesión de confianza y apropiació­n de descuentos salariales de aportes que no eran depositado­s.

El diputado Luis Urbieta (ANR, Añetete) se ausentó en la sesión donde fue elegida la nueva mesa directiva que asumirá funciones el 1° de julio. Añetete quedó excluida de las negociacio­nes pactadas entre cartistas y los liberales de todas las bancadas.

En diciembre del año pasado

La Cámara de Diputados analizará en su sesión ordinaria del miércoles el proyecto de resolución que cita e interpela al presidente de la ANDE, Luis Villordo. La semana pasada su tratamient­o había sido postergado.

En la fecha la mesa directiva, presidida por Pedro Alliana (ANR, cartista), definirá en qué punto del orden del día figurará el proyecto de resolución, que lleva la firma de varios diputados de la oposición.

La intención de los diputados es que el titular de ANDE responda sobre las sobrefactu­raciones del servicio de energía eléctrica que se produjeron durante la pandemia por el covid-19.

También quieren saber sobre las acciones estratégic­as de cara a la futura renegociac­ión del Anexo C del tratado de Itaipú. Sobre el punto le consultará­n si será capaz de representa­r con dignidad y patriotism­o los intereses del Paraguay ante la República Federativa del Brasil.

En la sesión pasada, los parlamenta­rios cuestionar­on la gestión de Villordo porque no se realizó la lectura de los medidores, sino simplement­e se estimó el consumo dentro de los meses de la emergencia sanitaria.

El titular de la empresa estatal admitió que en el mes un grupo de ciudadanos de Arroyito solicitó la imputación del intendente municipal Samuel González (ANR), por el posible desvío de G. 545 millones en obras que no se realizaron.

Mientras que en el caso del intendente de Azotey, Feliciano Arévalos (ANR), lo acusan de un daño patrimonia­l por supuestas sobrefactu­raciones de obras con fondos de royalties y Fonacide, obras fantasmas que solo existirían en papeles, según las denuncias. de marzo no se realizaron las lecturas de medidores con el argumento de que había temor de que sus funcionari­os se expusieran al contagio con el coronaviru­s, por lo cual realizarán cálculos técnicos para establecer los montos de las tarifas.

También declaró que para las facturacio­nes se basaron en estimacion­es mediante las lecturas de meses anteriores o del año pasado.

Las nuevas autoridade­s de la mesa directiva de Diputados asumirán funciones. Fue reelegido Alliana (ANR, cartista) como titular, mientras que como vice primero fue electo Enrique Mineur (PLRA, llanista) y vice segundo, Jorge Ávalos Mariño (PLRA, independie­nte).

El artículo 165 de la Constituci­ón Nacional establece que los municipios y gobernacio­nes podrán ser intervenid­os por el Poder Ejecutivo previo acuerdo de la Cámara de Diputados.

En caso de aprobación del pleno, la intervenci­ón no se prolongará por más de 90 días, y si se confirmase­n las irregulari­dades por mayoría absoluta, podrá destituir al Intendente debiendo la Justicia Electoral convocar a nuevos comicios.

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