El mismo cuento de siempre para un mayor endeudamiento

El Gobierno anuncia para hoy la presentación de su tan mentado “plan de reactivación pospandemia”.

Lamentablemente, no queda mucho espacio para el optimismo. Por lo que se ha adelantado y por lo que ha ocurrido en los últimos meses, no podemos esperar nada nuevo, solo más de lo mismo: más endeudamiento improductivo, más gasto público ineficiente y corrupto, más derroche en gastos corrientes excesivos, más prebendas y privilegios, más promesas incumplidas, todo a costa de echar por tierra el proceso de desarrollo con relativa estabilidad que, a diferencia de sus vecinos, venía manteniendo el país.

No importa el nombre que le pongan. Más que un plan de reactivación, lo que se va a presentar es un nuevo plan de emergencia, a solo tres meses del anterior, que consistió en un cheque al portador sin precedentes de 1.600 millones de dólares para que la administración de Mario Abdo Benítez tuviera a su disposición todos los recursos necesarios para enfrentar la amenaza del covid y el impacto económico del confinamiento social, que se suponía sería temporal y de corto plazo, solo para dar tiempo al sistema de salud pública de prepararse mejor.

La triste realidad es que hoy esos recursos ya no existen, la economía está destrozada, sufre su peor crisis de los últimos cuarenta años, y el sistema de salud pública sigue casi tan precario como al principio.

Por un lado el dinero se utilizó en subsidios paliativos que apenas representan una pequeñísima ayuda insustancial para una porción de los cientos de miles de trabajadores formales e informales que se quedaron sin trabajo. Y ya anunciaron que pretenden persistir con la misma fórmula, como si pagos aleatorios de 500.000 guaraníes, o la mitad de un sueldo mínimo en el mejor de los casos, supusiera una solución sostenible.

Pero, principalmente, el dinero se esfumó en lo que eufemísticamente llamaron “funcionamiento del Estado”, léase pago de sueldos, bonificaciones del supernumerario plantel de funcionarios, planilleros y operadores políticos incluidos, pensiones de privilegio, sobrefacturadas adquisiciones y gastos rígidos, tales como el servicio de la cada vez más pesada deuda.

Lógicamente, una consecuencia de paralizar la economía es la caída de las recaudaciones, debido a lo cual al fisco no le alcanza para mantener el “funcionamiento del Estado”. La diferencia es que en el sector privado la reducción de los ingresos se traduce en dolorosos despidos de personal, ajustes de cinturón, ventas de activos, achicamientos, quiebras. El sector público, en cambio, no hace nada de eso, simplemente exprime más y más los bolsillos de los contribuyentes, ya sean los de ahora, ya sean los de las generaciones futuras, que tendrán que pagar las obligaciones contraídas.

El hecho es que si aquel plan de emergencia tuvo cierto sentido para un período inicial breve, en una situación de gran incertidumbre a nivel mundial, cuando todavía se conocía muy poco de la enfermedad y de su potencial letalidad, el nuevo que van a presentar hoy carece de todo sustento. No pueden venir después de más de cien días de cuarentena a decirnos que debemos continuar con lo mismo, sin importar los decepcionantes (por decir lo menos) resultados a la vista.

Quieren sumar otros 400 millones de dólares a los 2.000 millones de dólares en préstamos y bonos que este Gobierno ya agregó a la deuda pública en los últimos meses, probablemente el mayor salto del endeudamiento en tan corto lapso de la historia del país.

¿Y todo para qué? Por supuesto lo van a maquillar, dirán que el objetivo es incentivar la demanda y ayudar a los trabajadores, pero, lo admitan o no, su objetivo primordial es siempre el mismo: “el funcionamiento del Estado”.

Supuestamente destinarán 2.500 millones de dólares que ya estaban presupuestados y con financiamiento en obras públicas y construcción de viviendas para reactivar la economía. El mismo cuento de siempre con distinto monto. Sin ir más lejos, este mismo Gobierno ya prometió reactivar la economía con obras públicas y viviendas en dos oportunidades anteriores, primero por 900 millones de dólares y luego por 1.500 millones de dólares, sin que ello se haya trasladado a la realidad.

Pero aun si esta vez se ejecutara realmente lo prometido, de todas maneras no será suficiente, es absurdo e ilusorio pretender reemplazar a la economía.

Si se hubieran utilizado bien los 1.600 millones de dólares de la primera ley de emergencia, se hubieran equipado rápidamente los hospitales y el sistema de salud, se hubieran traído a tiempo los insumos necesarios, con mejor gestión y menos corrupción, probablemente la cuarentena no habría tenido que ser tan larga y la economía se habría podido recuperar por sí misma, aprovechando los buenos vientos que traía a principios de año. Lastimosamente, hoy no tenemos ni una cosa ni la otra.

Seguramente algunos seguirán creyendo y justificando, pero en el Paraguay ya no todos compran espejitos de colores. Este Gobierno manejó mal la crisis, no hizo lo que tenía que hacer, dejó que se fundiese la economía y dilapidó un cheque de 1.600 millones de dólares. Es bastante caradura de su parte venir a pedir otro tres meses después.