Denuncian desvío millonario en Troche
Semanas atrás la defensa de la titular de Insumos Médicos SA (Imedic) había recusado al fiscal Marcelo Pecci, con el argumento de supuesta falta de objetividad por parte de ese agente. La fiscala adjunta, Teresa Aguirre, rechazó el recurso y confirmó a Pecci en la investigación por falsificación de facturas.
Sin embargo, ayer la defensa de Patricia Ferreira impugnó dicha resolución, pero al mismo tiempo recusó a los 16 fiscales adjuntos, a pesar de que ni siquiera han tenido participación en la causa. La chicana se extendió a la fiscala general del Estado, Sandra
Quiñónez Astigarraga, de modo a que la misma no pueda resolver esta impugnación.
De esta forma, será la Corte Suprema de Justicia la que deba inevitablemente intervenir en dicho planteamiento de la defensa de la presidenta de Imedic.
Ferreira se encuentra imputada por la presunta compra irregular de medicamentos en el marco de la lucha contra el covid-19 y la producción de facturas falsificadas, además cuenta con orden de captura por esta misma causa.
De acuerdo con la investigación, los procesados habrían montado un esquema delictivo para traer a Paraguay medicamentos de laboratorios de dudosa calidad de la India y China. Para el efecto habrían adulterado facturas de la multinacional brasileña Eurofarma, firma que denunció el hecho junto a un grupo de legisladores.
Los investigadores hallaron 10 facturas adulteradas de Eurofarma y guías de traslado falsas presentadas ante la Dinavisa (Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria), en las que se especificaba que provenían de San Pablo, Brasil, cuando en realidad eran medicamentos importados de India y China.
La imputación señala que los medicamentos fueron traídos por la firma Imedic, vulnerando todo el sistema aduanero y también los controles sanitarios del Ministerio de Salud, para luego ser distribuidos peligrosamente en el mercado nacional.
VILLARRICA (Carlos Ávalos, corresponsal). Concejales municipales de Mauricio José Troche, departamento de Guairá, denunciaron ante el Ministerio Público que la intendenta Andresa Benítez (PDC) no rindió cuentas sobre G. 5.000 millones de ingresos genuinos de la comuna, pero no hay respuesta positiva del Ministerio Público. Por ello, Alberto Genes, Osmar Brítez (ANR); Alejo Fariña (PCPS), Óscar Figueredo (PLRA) y Jorge González (PDC) nuevamente recurrieron a él.
González dijo que desde el 2017 denuncian a la jefa municipal por supuestos casos de lesión de confianza y enriquecimiento ilícito, pero el fiscal Bernardo Elizaur desestimó la causa. Agregó que presentaron una denuncia para exigir que la intendenta rinda cuentas pero que fue desestimada por el fiscal Martín Escalada, supuestamente por ser improcedente.
La intendenta Benítez indicó que todos los años ha presentado documentos respaldatorios con las planillas correspondientes de los ingresos genuinos. Agregó que es objeto de una “persecución política”, pese a que aún no ha pensado en una reelección. “Actuamos conforme a la ley, presentamos todos los documentos en forma tanto a la Junta como a la Contraloría General de la República. Si no estuviéramos en regla, no recibiríamos las transferencias”, ironizó. En mayo pasado, la Junta rechazó por tercera vez la rendición de cuentas 2019 de la intendenta Benítez y también aprobó solicitar una intervención al municipio por diversas irregularidades.