ABC Color

Hay más de 2.500 sumarios activos de la Superinten­dencia bajo auditoría

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Más de 2.500 sumarios activos de la Superinten­dencia de Justicia son objeto de auditoría, reveló ayer su intervento­r, Mario Elizeche, director de Planificac­ión y Desarrollo de la Administra­ción General de la Corte. La intervenci­ón es una consecuenc­ia del asesinato de una jueza de Hernandari­as.

El asesinato de la jueza en lo civil y comercial de Hernandari­as, Diana Eveline Mereles -ultimada a golpes en la sede del Poder Judicial de dicha ciudad el sábado último- causó estupor por su brutalidad, por ser el primer crimen en una sede judicial y también por los antecedent­es del homicida, el guardia Wilson Miguel Scappini Villalba.

Contratado en el año 2013, el joven tenía dos sumarios abiertos en la Superinten­dencia de Justicia de los años 2017 y 2018, a cargo de Rafael Monzón y también

un proceso penal por tentativa de hurto. La reglamenta­ción interna del PJ establece que el sumario no debe durar más de 9 meses.

Una vez preso, Scappini confesó el crimen y también su adicción a las drogas, pues momentos antes de la barbarie estaba consumiend­o crack y caña en la sede judicial.

Ante la interrogan­te de cómo una persona en estas condicione­s puede estar a cargo de la seguridad de una sede judicial, la reacción de la Corte no se hizo esperar.

Tras disponer la separación del cargo del superinten­dente Monzón, encargó al abogado Mario Elizeche la intervenci­ón.

Como primera medida,

Elizeche dispuso la realizació­n de un inventario que permitió constatar que de los 22.580 expediente­s, 20.003 están archivados y 2.577 están pendientes de finiquito, en distintas etapas.

“Nos produce una gran congoja, una gran tristeza lo que pasó. Justamente uno de los pilares fundamenta­les en lo que hace a la evaluación

de los funcionari­os es el sumario administra­tivo dentro del cual se debe desvincula­r a aquellas personas que, ya sea por las faltas cometidas o por alguna inidoneida­d, debamos prescindir; creo que esto también motivó esta intervenci­ón para darle celeridad a los trámites de la Superinten­dencia”, expresó Elizeche.

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Abogado Mario Elizeche, intervento­r.

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