Metrobús: a confesión de parte...

“A confesión de parte, relevo de pruebas”, es un axioma jurídico que significa que quien confiesa algo libera a la contraparte de tener que probarlo. Y este axioma viene muy a propósito de la confesión hecha a la Comisión Bicameral del Congreso que investiga las causas del fracaso del proyecto Metrobús por dos representantes de la empresa Mota Engil, al reconocer que no debieron haber iniciado los trabajos antes de que el MOPC liberara totalmente la franja de dominio de la vía pública afectada. Calificaron el hecho de “error inocente”, tan “inocente” que a la fecha ya le cuesta al país más de 72 millones de dólares. Similar reconocimiento hizo en su oportunidad el titular de la citada cartera, Ramón Jiménez Gaona. La tácita confesión de parte de los directivos de la excontratista portuguesa implica un categórico relevo de pruebas, hecho que habilita a los organismos involucrados en la investigación a elevar el caso a las instancias pertinentes, a los efectos procesales y el condigno castigo de quienes resultaren responsables.

jurídico contraparte “A confesión que de significa tener de parte, que que probarlo. relevo quien de confiesa Y pruebas”, este axioma algo es viene libera un axioma muy a la a propósito de la confesión hecha a la Comisión Bicameral del Congreso que investiga las causas del fracaso del proyecto Metrobús por los representantes de la empresa portuguesa Mota Engil, João Figueiredo y João Pedro Parreira, a través de una audiencia virtual a la que fueron convocados en la tarde del 29 de junio pasado.

En la ocasión, ambos admitieron que no debieron haber iniciado los trabajos del metrobús antes de que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) hubiera liberado totalmente la franja de dominio de la vía pública afectada. Reconocieron así claramente su parcela de responsabilidad al respecto, y la calificaron con el eufemismo de “error inocente”.

“Vemos que no fue una actitud correcta (el inicio de los trabajos) porque efectivamente, sin tener la liberación de la franja de dominio, la implementación del proyecto es simplemente imposible”, expresó Figueiredo a los legisladores. En otro momento señaló que, “Desde el principio, siempre existió una dificultad muy marcada para realizar el trabajo. Son conocidas las intervenciones que realizamos en estos años en lo relacionado con los frentistas. Obviamente, iniciar una obra sin tener la franja liberada crea un inconveniente significativo a la ciudadanía” (las negritas son nuestras).

Nada puede ser más claro: tanto el exministro Ramón Jiménez Gaona como la empresa portuguesa cometieron la irregularidad “con premeditación”. Pero aquí en Paraguay eso es irrelevante, total las pérdidas se les cargan nomás tranquilamente al contribuyente, sin consecuencia alguna. Por cierto, según el art. 106 de la Constitución, los funcionarios son personalmente responsables por los delitos, faltas o transgresiones que cometan en el ejercicio del cargo.

Por su parte, Parreira también sostuvo que “no debían iniciar las obras”, al no tener liberada la franja de dominio. “Sí, nos equivocamos, por buena fe, porque creíamos en la generación de valor al no parar la obra en la situación de una avenida tan importante comercialmente. Fue un error inocente”, dijo. Tan “inocente” que a la fecha ya le cuesta al país más de 72 millones de dólares. Esto, sin olvidar que lograron un 33% de aumento sobre el valor original porque el proceso se rigió bajo reglas del financiador Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con lo que el Estado paraguayo renunció a la posibilidad de aumentar solo hasta el 20%.

Ambos representantes coincidieron en señalar que, antes de emitir la orden de inicio de los trabajos, el MOPC tenía la obligación de liberar la franja de dominio en un 100%, cosa que no sucedió. Aclararon también que Mota Engil se enteró de la decisión de agregar los cableados subterráneos (zanja técnica) ya después de adjudicarse las obras, la cual se formalizó con la adenda 4, incrementándose así el costo de los trabajos en un 33%. Además, se ratificaron en la intención de la empresa de cobrar otros US$ 25 millones vía arbitraje. Por su parte, el principal cuestionamiento de los miembros de la Comisión Bicameral de Investigación, presidida por el diputado Ramón Romero Roa (ANR, abdista), se centró en el

asunto de las subcontrataciones que realizó Mota Engil para la ejecución de los diferentes trabajos, requiriéndoles los documentos referentes a las mismas.

Con la tácita admisión de corresponsabilidad (con conocimiento de causa) de los directivos de Mota Engil con las máximas autoridades del MOPC en el delito de lesión de confianza en perjuicio del Estado paraguayo, queda expedita la vía procesal para que, sin más demora, la CBI remita al pleno de ambas Cámaras y a la Fiscalía General del Estado sus conclusiones, dejando en claro la catastrófica gestión que ambas partes cumplieron al impulsar una obra pública, a sabiendas de que en tales condiciones la misma era de ejecución inviable.

Con el testimonio brindado a la CBI por los directivos de Mota Engil se descorre el telón del enigma acerca de lo ocurrido con el viciado proyecto Metrobús y de los presuntos responsables del delito de lesión de confianza que configura prima facie el fatídico hecho. Esto, en el sentido de confirmar lo que el propio exministro Ramón Jiménez Gaona ya había admitido también en su oportunidad, que fue un “error” de su parte haber impartido la “orden de inicio” de los trabajos antes de tener liberada la franja de dominio de la vía pública a ser intervenida por los trabajos.

Nada de esto puede extrañar, ya que antes de comenzar los trabajos, tanto la prensa como expertos advirtieron en repetidas ocasiones sobre la inviabilidad de la obra así como estaba proyectada. Pese a todo, pasaron más de 18 meses de peloteo entre el MOPC, la Procuraduría General, la Contraloría y la CBI, en lo que aparenta ser más bien una maniobra de obstrucción al debido proceso antes que a la búsqueda de los responsables de este desastre que le cuesta caro al país. De hecho, el supuesto “error” del ministro no fue cometido inadvertidamente, sino con pleno conocimiento de causa, pues la liberación de la franja de dominio era una exigencia clave del contrato suscrito con la empresa portuguesa.

La llamativa circunstancia de que esta no reclamara en la oportunidad de impartírsele la “orden de inicio” de los trabajos la liberación del 100% de la franja de dominio –como estaba pactado en el contrato– hace sospechar de la mala fe de la contratista, que lleva a pensar que ya visualizaba en el “error” del ministro Jiménez Gaona una oportunidad para estafar al Estado paraguayo exigiéndole resarcimiento por tal demora por parte del MOPC, de conformidad con una ladina cláusula incluida a propósito en el contrato, y en cuyo concepto, pese a reconocer su error, ahora Mota Engil reclama un pago adicional de US$ 25 millones. Otro axioma jurídico reza que “nadie puede alegar a su favor su propia torpeza o culpa”.

La tácita confesión de parte de los directivos de la excontratista portuguesa implica un categórico relevo de pruebas, hecho que habilita jurídicamente a la CBI a cerrar el caso que tiene como cometido y remitir sus conclusiones a ambas Cámaras del Congreso y a las instancias institucionales pertinentes, a los efectos procesales y el condigno castigo de quienes resultaren penal y civilmente responsables del colosal delito de lesión de confianza. ¡El Pueblo paraguayo no tiene por qué pagar los platos rotos por los concusionarios!