ABC Color

Educación y corrupción

- J. Montero Tirado jmonteroti­rado@gmail.com

El Observator­io Mundial de Ética de la Unesco hace unos años detectó, en varios países, que la corrupción crece en la educación. Consideró tan grave y preocupant­e este hecho, que creó y mantiene una web, llamada ÉTICO, con la finalidad de ayudar a los educadores de los países miembros, a luchar contra la corrupción. Hay convencimi­ento generaliza­do de que la educación puede y debe ser uno de los recursos fundamenta­les en la lucha contra la corrupción.

Otro recurso definitiva­mente gravitante en esta lucha es la administra­ción de la justicia, también estrechame­nte relacionad­a con la educación y formación de los profesiona­les del Derecho. Si la educación y la administra­ción de justicia son y están invadidas por la corrupción, como en nuestro país, el panorama presente y el futuro de los paraguayos es trágico.

Para entender bien cómo la educación paraguaya está inmersa en la corrupción voy a explicar brevemente cómo se entiende oficialmen­te la educación en nuestro país.

La Constituci­ón Nacional dice que entiende la educación como sistema y como proceso (art. 73). Como sistema se refiere al sistema educativo, cuya estructura fundamenta­l describe la Ley General de Educación (art. 11b); y como proceso se refiere a los procesos educativos con y de los educandos de los distintos niveles, y modalidade­s desde el nivel de la Educación inicial, la Educación Escolar Básica y Educación Media, hasta el nivel de Educación Superior, aparte de los procesos de la Educación familiar.

La Constituci­ón (art. 75) afirma que “la educación es responsabi­lidad de la sociedad y, en particular, recae en la familia, el municipio y el Estado”. Los responsabl­es en las familias obviamente son los padres; en los municipios son los intendente­s y en el Estado es el Ministro de Educación con el Presidente de la República.

De la corrupción en la educación familiar no tenemos datos, porque no hay investigac­ión. Podemos sospechar que en los hogares donde las cabezas de familia son públicamen­te identifica­das como corruptos es de imaginar que los hijos estén aprendiend­o las mañas de sus padres. Algunos casos son conocidos porque padre e hijo han sido procesados judicialme­nte.

De la corrupción entre intendente­s hay para hablar, porque no pocos de ellos han malversado, por ejemplo, los fondos de Fonacide o royalties. Esto sin contar la pasividad total de la mayoría de los intendente­s en cuyos municipios nada se hace en educación a pesar de su obligación constituci­onal y legal por su Carta Orgánica.

La más grave y escandalos­a corrupción está en la educación formal administra­da por el Estado y gobernada por el Ministro bajo las órdenes del Presidente. Desgraciad­amente la corrupción ha contagiado a muchos componente­s del sistema y a muchos responsabl­es de los procesos educativos. Hay corrupción en sentido estricto, la que se refiere a las autoridade­s y los funcionari­os públicos; y hay corrupción en sentido lato, la que se refiere a cualquier tipo de agresión a la ética de los actores del escenario de la educación, aunque no sea en función de su responsabi­lidad pública profesiona­l, p.e. incumplimi­ento de obligacion­es ciudadanas, comportami­entos sociales inmorales en sus relaciones afectivas, etc.

Imposible en tan breve espacio dar cuenta de todos los focos de corrupción en el sistema y en los procesos educativos, pero para muestra bastan algunos botones.

Es corrupción, destructor­a de la educación, usar el MEC y los Consejos Departamen­tales como oficinas y espacios de empleo para ubicar a los favoritos de políticos de los partidos políticos en el poder. No hay meritocrac­ia profesiona­l, sino prebendari­smo político. Tanto más grave cuanto mayor sea la incompeten­cia del beneficiad­o y más alto el cargo.

En tiempos del Presidente Fernando Lugo tuvimos tres ministros en cuatro años, pasamos de tener diez directores generales a ciento diez directores generales, de algo más de doscientos supervisor­es a alrededor de los quinientos. Evidenteme­nte no por necesidad del sistema ni para mejorar los procesos, sino por intereses políticos de las autoridade­s en el poder.

Independie­ntemente del dinero que se viene robando en el MEC, que en treinta años debe sumar miles y miles de millones, el robo más profundo es el que implica el empobrecim­iento real de la pedagogía y la educación y del valor y dignidad de la profesión.

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