La Justicia sigue siendo manejada por camarillas.
Que la Justicia es la mano larga de los políticos no es un secreto para nadie. Ese amancebamiento político-judicial ha parido los peores y más tenebrosos engendros de los tiempos democráticos, después de la dictadura. El sometimiento judicial a la lascivia política no solamente no ha parado sino ha ido perfeccionándose al punto de que los audios del clan González Daher confirmaron en su momento de qué penosa y humillante manera jueces y fiscales reptan y besan las botas de los políticos de turno. Esta cohabitación político-judicial –prohibida por nuestro sistema republicano que garantiza la independencia de poderes– ya ni siquiera se han molestado en mantenerla en secreto; la hacen en público porque saben que este ilícito concubinato no les acarreará ningún castigo y sin embargo acarrea mucho poder… y dinero. Los políticos manejan la administración de la justicia como un feudo, a través de clanes poderosos. Uno de estos, sin duda alguna, es el dirigido por el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.
Que la Justicia es la mano larga de los políticos no es un secreto para nadie. Ese amancebamiento político-judicial ha parido los peores y más tenebrosos engendros de los tiempos democráticos, después de la dictadura. El sometimiento judicial a la lascivia política no solamente no ha parado sino ha ido perfeccionándose al punto de que los audios del clan González Daher confirmaron en su momento de qué penosa y humillante manera jueces y fiscales reptan y besan las botas de los políticos de turno. Esta cohabitación político-judicial –prohibida por nuestro sistema republicano que garantiza la independencia de poderes– ya ni siquiera se han molestado en mantenerla en secreto; la hacen en público porque saben que este ilícito concubinato no les acarreará ningún castigo y sin embargo acarrea mucho poder… y dinero. Los políticos manejan la administración de la justicia como un feudo, a través de clanes poderosos. Uno de estos, sin duda alguna, es el dirigido por el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.
En efecto, la experiencia de casi treinta años enseña que la Constitución no ha logrado su loable propósito de independizar la administración de justicia, que hoy está en manos de verdaderas camarillas que la bastardean impúdicamente.
En tal sentido, vale la pena ocuparse, por ejemplo, de los lazos político-empresariales del abogado Adrián Salas, quien representa a sus colegas en el Consejo de la Magistratura (CM) y a este en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). El primero de estos órganos selecciona a los candidatos a ministros de la Corte, a camaristas, a jueces y a agentes fiscales, en tanto que el segundo se ocupa de enjuiciar y destituir a los tres últimos por mal desempeño de sus funciones. Electo miembro suplente del CM en 2010, Salas se convirtió en titular dos años después, siendo reelecto en 2013 y en 2017, todo gracias a la consabida injerencia partidista, que le obliga a retribuir favores a más de un capitoste de la ANR. En especial, mucho le debería a la amistad de ocho años que, según él, lo une con el vicepresidente Velázquez, quien invirtió 1.370 millones de guaraníes en la firma agroganadera Tiziano SA, cuyo Directorio integra Salas, junto con Felipe Martínez Vierci, esposo de la directora jurídica de la Presidencia de la República, Mónica Seifart. Da la impresión de que todo se maneja “en familia”.
Siendo hoy un socio comercial del vicepresidente, Salas, que dice querer a sus amigos y no estar dispuesto a renegar de ellos, ejerce una gran influencia en el Consejo, que presidió más de una vez y al que hoy representa en el Jurado, que también llegó a dirigir. Es probable que esa misma influencia le haya servido para que, en 2017, la Corte regulara sus honorarios en más de 285 millones de guaraníes en un pleito con la Dirección Nacional de Aduanas, sin haber promovido antes una acción de inconstitucionalidad contra la ley que reduce a la mitad los honorarios del profesional del Derecho que demanda a una entidad estatal. O sea que, en cierto momento, el abogado Salas fue a la vez miembro del CM y del
JEM, así como beneficiario de una resolución judicial dictada con motivo de un juicio promovido por él contra el Estado.
Sus últimas actuaciones en los órganos citados no revelan, precisamente, que esté convencido de la necesidad de que la Justicia sea impartida por personas idóneas y honorables, solo sometidas a la ley. Fue uno de los cinco miembros del Jurado que solo apercibieron al juez Marino Méndez por haber otorgado un amparo irregular a la exintendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, para que la Junta Municipal no trate su renuncia al cargo. En otro caso, como integrante del Consejo, incluyó en la terna de candidatos a ministro de la Corte a
César Diesel, el de menor puntaje entre los propuestos, así como a Humberto Rosetti, también de lamentable historial, en la terna de candidatos a fiscal adjunto de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná. Él y su amigo y socio comercial
Hugo Velázquez saben muy bien cómo funcionan allí las cosas.
El vicepresidente de la República no se limita a ejercer sus escasas atribuciones constitucionales, sino que también incursiona en la política energética promoviendo un vergonzoso Acuerdo Bilateral o, a través de su dilecto amigo Salas, en los referidos órganos extrapoderes. Por cierto, la Constitución le prohíbe que ejerza “el comercio, la industria o actividad profesional alguna, debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones”, pero no sería raro que, en sus pocos ratos libres, también se ocupe de las operaciones de Tiziano SA y de El Legendario SA, firma esta dedicada a caballos de raza.
Si el Poder Judicial y el Ministerio Público están podridos es porque politicastros como los mencionados tienen el hábito de quebrantar la letra y el espíritu de la Constitución, directa o indirectamente. El abogado Salas no rinde cuentas de sus actuaciones a sus representados, sino, probablemente, a Hugo Velázquez, con lo que la pretendida independencia de la administración de justicia queda en agua de borrajas. No habrá normativa que valga al respecto mientras quienes ejercen el poder político sigan siendo de esta deplorable índole.
El “parcelamiento” de la Justicia por parte de estos dos “socios comerciales”, no termina allí, si se tiene en cuenta que
Augusto Salas Coronel, hermano del influyente miembro del CM y del JEM, es fiscal adjunto responsable del área ambiental, y Lourdes Samaniego, esposa del vicepresidente de la República, es fiscala adjunta encargada de las fiscalías barriales.
Los convencionales constituyentes de 1992 quisieron precautelar la independencia del Poder Judicial y, por extensión, la del Ministerio Público, no solo asignándole al menos el tres por ciento del Presupuesto de la Administración Central, sino también creando organismos como el CM y el JEM. Empero, mientras los políticos continúen metiendo sus sucias manos en la Casa de Astrea y en el Ministerio Público, el anhelo ciudadano de una Justicia independiente y de igualdad ante la ley, no pasará de ser un sueño.