Usó sesión del Consejo para hacer su descargo

El miembro del Consejo de la Magistratura (CM) Adrián Salas Coronel, durante la sesión plenaria de ayer, aclaró que nunca ejerció el cargo de fiscal, y menos el de Marcas, en Ciudad del Este, como se publicó en nuestro diario.

La mencionada publicación se realizó dentro de los cuestionamientos que se realizan a los altos funcionarios públicos que de manera sospechosa incrementaron abruptamente sus patrimonios.

En el caso de Salas Coronel, además se lo vincula con que tiene una relación comercial con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, revelada luego de que se abriese a la ciudadanía la posibilidad de conocer sobre el caudal patrimonial de los altos funcionarios del Estado, que en la mayoría de los casos no pueden justificar que de manera lícita han obtenidos todos sus bienes.

En la sesión plenaria del Consejo de la Magistratura, Salas Coronel aclaró que “jamás concursé para ningún cargo en el sistema de justicia y tengo mi patrimonio ganado a través de honorarios profesionales, negocios inmobiliarios, ganadería, y hoy lo que me queda es aclarar de dónde provinieron esos recursos”.

Agregó: “Puedo ampararme en principio de que ya prescribieron los hechos (para una investigación fiscal), pero afortunadamente, tengo todo bien documentado, porque o si no, quedaría como que le robé dinero a alguien, que soy narcotraficante o prestanombre”.

Seguidamente, el consejero manifestó a sus colegas durante la sesión plenaria: “Voy a aclarar todo eso mostrando los documentos que tengo y también en breve voy a solicitar el análisis de correspondencia para aclarar, que en verdad estoy convencido, que tengo menos (patrimonio) de lo que tenía al ingresar a este cargo”.

Salas desde hace 6 años está como representante del gremio de los abogados.

Salas Coronel ya había manifestado que con Velázquez le unía una relación de amistad, pero lo que se desconocía era su vínculo comercial con el vicepresidente de la República, quien es muy criticado con un pasado que lo une a libaneses que trabajan en Ciudad del Este y que son investigados por supuestas actividades ilegales de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, entre otras actividades mafiosas.