La falacia del cuento chino y la impunidad.
La Comisión Especial de Supervisión de Compras Covid-19 (CESC) rindió cuentas a la ciudadanía del trabajo desarrollado en los procesos de compra, adquisiciones de insumos y servicios necesarios para la atención a la emergencia sanitaria. La creación por decreto de esta comisión especial pasando por alto los canales institucionales previstos en la Constitución, ya fue una señal de alerta de lo que podría pasar, y sucedió. Se trató de un simple distractor a la ciudadanía para desviar la atención de los entuertos que rodearon al negocio ilícito de venta de medicamentos al Estado. En efecto, es un secreto a voces, nunca negado por el presidente Mario Abdo Benítez que su entorno más cercano siempre estuvo detrás de esta asociación ilícita para delinquir. Cuando esto fue descubierto, el Gobierno no tuvo mejor idea que crear una comisión especial, de las tantas que ya hubo en este tipo de casos, con un denominador común: nunca encontraron nada llamativo.
El pasado 6 de julio, la Comisión Especial de Supervisión de Compras COVID-19 (CESC) rindió cuentas a la ciudadanía del trabajo desarrollado en los procesos de compras, adquisiciones de insumos y servicios necesarios para la atención a la emergencia sanitaria.
Se atribuye a Napoleón Bonaparte la frase, aplicable a este caso: “Si quieres que algo sea hecho nombra un responsable, si quieres que algo se demore eternamente nombra una comisión”.
La creación por decreto de esta comisión especial, pasando por alto los canales institucionales previstos en la Constitución, ya fue una señal de alerta de lo que podría pasar, y sucedió. Se trató de un simple distractor a la ciudadanía para desviar la atención de los entuertos que rodearon al negocio ilícito de venta de medicamentos al Estado.
En efecto, es un secreto a voces, nunca negado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que su entorno más cercano siempre estuvo detrás de esta asociación ilícita para delinquir: su asesora jurídica, Mónica Seifart de Martínez ,yel consejero de Yacyretá, Raúl Silva, con negros antecedentes en la Sindicatura de Quiebras, entre otros. Existen reuniones y mensajes, confirmados de ambos, con los mercaderes de la salud. Estos son grupos organizados para delinquir a costa de la vida y el sufrimiento del pueblo paraguayo, integrados por delincuentes del sector privado y público. Son coautores indispensables para llegar al objetivo final, apoderarse de las arcas del Estado no solo pasando por alto los procesos licitatorios previstos en la ley, sino que además multiplicando el valor de los insumos groseramente a su antojo.
Cuando esto fue descubierto, el Gobierno no tuvo mejor idea que crear una comisión especial, de las tantas que ya hubo en este tipo de casos, con un denominador común: nunca encontraron nada llamativo. Esta última, conformada por personas que habían tenido la confianza de la ciudadanía hasta ahora, como Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, exfiscales de delitos económicos y anticorrupción, dieron una estocada al caso del negociado con insumos médicos. Afirmaron de manera irresponsable que no hubo perjuicio en todo el entuerto. Para sostener semejante aberración, Arnaldo Giuzzio (coordinador general de la CESC), argumentó: “No encontramos pérdidas económicas en estos procesos de compra. Primero porque fueron detectadas a tiempo, ya bajo la sugerencia de la comisión algunas fueron anuladas; otras se retrotrayeron al momento de los vicios. Es decir, no hubo un pago de ninguna contraprestación previamente en esos casos”.
En cuanto a los pagos realizados por el MSPBS como anticipo a Imedic SA y Eurotec SA, de más de G. 17.000 millones, indicó que “se recuperaría”, sin ofrecer mayor explicación.
En estas condiciones, estamos ante una falacia, entendida como un razonamiento o afirmación falsa, presentada intencionalmente como verdadera, para inducir en error. Esto podría tener algún sentido si no fuera porque las evidencias, presentadas por los mismos integrantes de la comisión, muestran lo contrario.
El extravío del Gobierno llega a tal punto que, ahora, decidió pagar a organizaciones no gubernamentales una comisión por “gestión” en la compra de insumos. Es decir que el pueblo paraguayo sostiene un elefante blanco como el Estado, cargado con operadores políticos, integrantes de direcciones de contratación, contraloría, administradores, subdirectores, directores, secretarios, asistentes de secretarios, para que luego se pague por un trabajo que estos deberían hacer.
El daño patrimonial que la comisión no encontró, o no quiso encontrar, es patente, en cada ciudadano muerto a consecuencia de la falta de insumos, en cada local de venta de yuyos, bar, despensa, que tuvo que cerrarse, con la promesa de poner en condiciones los hospitales públicos y equipar al personal de salud.
El perjuicio, que la comisión creada por decreto, inconstitucional, no vio, o no quiso ver, se observa en el porcentaje que el Estado está abonando a organizaciones no gubernamentales, para que hagan el trabajo que deberían hacer los incompetentes que perciben salarios pagados con el esfuerzo diario de cada ciudadano.
La comisión pretende que el pueblo actúe como un zombie, aceptando que el negociado de los insumos fue producto únicamente del sector privado. La comisión no dijo hasta ahora una sola palabra sobre la implicancia de los funcionarios ,a quienes solventamos con nuestros impuestos. Sea por su actuación dolosa -la hipótesis más probable- o negligente. En cualquiera de los casos, la responsabilidad del funcionario es insoslayable, lo que está previsto en la Constitución: “Artículo 106 - DE LA RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO Y DEL EMPLEADO PÚBLICO. Ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad. En los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, son personalmente responsables, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, con derecho de éste a repetir el pago de lo que llegase a abandonar en tal concepto” (las negritas son nuestras).
Con esta sentencia mediática dada por la comisión especial, el mismo Gobierno instala una duda respecto de las investigaciones, que en su ámbito natural, están en sus inicios, y ponen sobre la fiscalía, ya suficientemente desacreditada, una carga muy pesada, si bien es de su competencia. El Poder Ejecutivo instaló en el proceso de investigación un cuerpo extraño, como es la comisión, entorpeciendo el trabajo que debería hacer el Ministerio Público, el cual quedó en ridículo con esta decisión.
Cierra un capítulo negro de la pandemia, tan oscuro como las muertes y los daños económicos causados por la negligencia y, principalmente, por la corrupción, inficionada en todos los ámbitos del poder. El Gobierno pretende cerrar un caso aberrante de corrupción, generando nuevamente la impunidad de un acto que fue descubierto, no por los controles del Estado, sino por la ciudadanía.
Los ciudadanos y las ciudadanas no deben permitir que la falacia instalada –sobre la supuesta inexistencia del daño– alcance su objetivo de impedir una verdadera investigación, con el consecuente castigo de todos los involucrados, en todos los niveles, públicos y privados.