INTN adjudica llamativa consultoría
En plena pandemia, el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), con la resolución 241/2020, finalmente adjudicó por contratación directa el cuestionado servicio de consultoría para la elaboración de un manual de organización y funciones, por valor de G. 150 millones, según se divulgó.
La consultoría, según el titular del ente, ingeniero Raimundo Sánchez, es necesaria, pero de acuerdo con denuncias internas, tiene el objetivo de crear más direcciones y seguir agrandando el aparato estatal para favores políticos.
Lo llamativo es que, según datos de empleados, a principios de este año se realizó justamente una actualización del manual de funciones del INTN, y fue hecho por profesionales de la institución.
Además, los anteriores manuales de organización y funciones del ente fueron elaborados por capacidades internas, sin “consultorías”, con lo que se demuestra que el reciente gasto sería prescindible.
Además, se menciona que una consultoría muy similar se hizo en 2017, oportunidad en la que el INTN pagó solamente G. 20 millones.
Ante una publicación en mayo de este año, sobre la referida “sospechosa consultoría”, el titular del INTN, ingeniero Raimundo Sánchez, había negado que fue realizada en plena pandemia, alegando que fue un proceso interno que se inició en diciembre de 2019. Sin embargo, admitió que el llamado fue concretado el 10 de marzo, un día antes de que el Gobierno establezca las primeras medidas de restricciones en el marco de la cuarentena para contrarrestar la propagación del covid-19.
Es importante señalar que los gastos de consultoría para el manual de funciones fueron presentados en mayo pasado a la Secretaría Anticorrupción y a la Auditoría General de la República, para que dichas instituciones se expidan al respecto, para continuar o revertir la contratación, pero cuyo resultado no fue informado hasta la fecha.
Otra llamativa acción del ingeniero Sánchez, al frente del INTN, es que contrató a tres personas, por la vía de la excepción, pagándoles G. 66 millones a cada una, es decir cerca de G. 200 millones en total, acorde con la resolución 126 de febrero de este año. Trabajadores de la institución denunciaron que es “es una locura, un derroche”.