Pobladores de Ñemby reclaman a Quiñónez
hijo estaba empeorando y denotaba palidez.
A pesar de que los tres encausados hayan estado en el box, cerca de donde estaba Renato, ninguno de ellos se movilizó para verificar la condición del niño.
La madre exclamó, por segunda vez, que revisen el estado de su hijo que cada vez estaba en peor condición de salud, pero ninguno de los tres profesionales, dos de ellos residentes, se movió sino hasta después de que la médica responsable del área de pediatría llegó al centro médico privado, pero ya fue una reacción tardía.
Un grupo de ciudadanos de la ciudad de Ñemby se movilizó hasta el barrio Kennedy de Lambaré, donde está ubicada la vivienda de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez Astigarraga, donde reclamaron mayor celeridad del Ministerio Público para investigar denuncias contra la municipalidad.
La protesta frente al domicilio de Quiñónez se inició poco después de las 18:00 de ayer. Sin embargo, los movilizados no pudieron acercarse mucho a la casa ya que se instaló en el lugar un contingente policial, tanto de uniformados de la comisaría 4ª Central jurisdiccional como del Grupo Especial de Operaciones (GEO).
La finalidad de la movilización fue expresar el repudio de la ciudadanía hacia la falta de interés sobre una denuncia hecha ya hace un buen tiempo sobre la gestión del clan Lanzoni en la Municipalidad de Ñemby. Uno de los manifestantes, Pedro Duarte, dijo: “Denunciamos el desvío a cuentas privadas de fondos de los royalties previstos para las comisiones vecinales, falsificando firmas de los presidentes y tesoreros”.
Agregó que solo en el periodo 2018 y 2019, “tenemos un daño patrimonial de G. 10.000 millones a la Comuna, sin contar los 19 años que está la familia Lanzoni al frente de al municipalidad”.
Finalmente, la fiscala general salió a dialogar con los manifestantes, quienes fueron convocados para hoy a las 10:00 en la sede principal de la fiscalía, sobre Chile, para una reunión para hablar sobre la denuncia, cuya investigación está a cargo de la agente fiscal Liliana Álvarez. Tras el diálogo, los manifestantes retornaron a su ciudad. De igual forma, el fuerte dispositivo policial se desactivó.