Protesta fue para evitar violación de Carta Magna

Las violentas manifestaciones del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril de 2017, se realizaron en el marco de la protesta ciudadana contra la inminente violación de la Constitución Nacional para posibilitar la reelección del entonces presidente de la República Horacio Manuel Cartes Jara.

Las manifestaciones de la noche y madrugada de las fechas señaladas concluyeron con la quema parcial de la sede del Poder Legislativo, el saqueo a varias dependencias del Estado, incendio de vehículos, varios heridos y con la muerte del joven liberal Rodrigo Quintana, acaecido en la madrugada del 1 de abril.

Como principal sospechoso de la muerte de Quintana está procesado el agente de policía Gustavo Florentín, a quien la Fiscalía acusa como el autor material del crimen, luego de que los agentes antidisturbios ingresaran con armas de fuego al local del PLRA, supuestamente en busca de los manifestantes violentos.

Como parte de la investigación del Ministerio Público, lo que se quería determinar era quién o quiénes fueron los que dieron la orden para atracar la sede del PLRA.

Sin embargo, la investigadora de entonces, la ahora exfiscala María Raquel Fernández, se negó a solicitar el informe de las telefonías celulares para tener conocimiento de las autoridades que se comunicaron con el comandante de Policía Críspulo Sotelo.

La negativa de la agente fiscal Fernández en solicitar los informes de cruce de llamadas hizo que la misma enfrente un enjuiciamiento en el Jurado de Magistrados, y luego renunció al cargo.

Fernández calificó de morbosa a la prensa y sostuvo que no se iba a conocer quién dio la orden para atropellar el PLRA, porque no se conocería el contenido de la conversación, ya que solamente se tendrían los datos de los números telefónicos.

Algunas altas autoridades reconocieron que llamaron al jefe policial.