Impugnan inhibición de jueza Sánchez
El Ministerio Público pidió que el extitular de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia José María Orué Rolandi y otros cuatro acusados sean condenados por un perjuicio de más de G. 6.600 millones al Estado.
En sus alegatos finales, el fiscal Rodrigo Estigarribia solicitó que el Tribunal de Sentencia dicte una pena de 7 años y 10 meses contra el exministro (gobierno de Federico Franco) de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia (SNNA), José María Orué Rolandi, por lesión de confianza grave, en carácter de autor, por una licitación irregular realizada en diciembre de 2012, para la provisión de alimentos en el marco del Programa Abrazo y del Programa de Atención Integral a los Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle (Painac).
“El perjuicio ocasionado al Estado fue considerado grave por la Fiscalía, ya que el daño se dio, aparte de los miles de millones, a niños en estado de vulnerabilidad”, explicó el agente fiscal al tribunal de sentencia. Agregó que los menores de edad que terminaron siendo perjudicados por el hecho fueron víctimas de abuso sexual, de explotación laboral y otro tipo de abuso; quienes fueron asistidos con productos en mal estado.
El agente fiscal detalló que en el llamado a licitación por subasta a la baja electrónica de la SNNA, el 12 de diciembre de 2012, se montó un esquema a los efectos de beneficiar a la firma “Granos y Aceites”, perteneciente a la empresaria Nancy Godoy, que proveyó a la institución de insumos alimenticios a precios sobrefacturados. Con esto se causó un daño al patrimonio de la secretaría, de G. 3.642.442.072.
Puntualizó que, además de la sobrefacturación, también se ocasionó un perjuicio en la ejecución del contrato, por G. 3.010.768.440, ya que en vez de recibir el cien por ciento de los productos alimenticios establecidos en el contrato, solo se recibió el setenta y cinco por ciento de los insumos comprometidos por la firma proveedora del Estado, lo que afectó la asistencia a los niños vulnerables.
El juez penal de Garantías Miguel Ángel Palacios impugnó ayer la inhibición de su colega Lici Teresita Sánchez, de la causa que investiga a la presidenta de Insumos Médicos (Imedic), Patricia Beatriz Ferreira, a la directora titular de la firma, Nidia Godoy Ojeda, y al despachante de Aduanas Néstor Ramírez Giménez; procesados por supuesta producción y uso de documentos no auténticos, comercialización no autorizada de medicamentos y asociación criminal.
La magistrada se apartó de la causa que investiga la falsificación de facturas, que presentó Imedic para importar al país varios medicamentos de China e India. Argumentó que las declaraciones del fiscal Marcelo Pecci en los medios de prensa, instalan una duda sobre su credibilidad y seriedad como magistrada, en el manejo de la causa.
Estigarribia solicitó que también sean condenados los acusados como cómplices en la causa; la nutricionista Gloria Arroyo a 4 años de cárcel, Araceli Cotillo a 3 años y 7 meses de prisión, Carlos Centurión a 3 años de pena privativa de libertad, y Laura Gamarra a 2 años.
El tribunal presidido por la jueza Laura Ocampo citó a las partes para hoy, a las 13:30, para dar a conocer la sentencia del caso.
Ante la inhibición de Sánchez se había realizado un sorteo y la causa recayó en el juzgado de Palacios. Tras la impugnación que este último planteó, ahora el tribunal de apelación que integran los camaristas José Waldir Servín, Cristóbal Sánchez y Gustavo Ocampos debe resolver con qué magistrado se queda la causa.
Según la Fiscalía, los procesados montaron un esquema delictivo para importar medicamentos como enoxaparin sodium, letrozol, omeprazol, piperacilina y tazobactan de laboratorios de dudosa calidad de la India y China, y para ello adulteraban facturas de Eurofarma, la multinacional brasileña que denunció el hecho, así como guías de traslado falsas presentados en Dinavisa.