Penas más duras no servirán con fiscales y jueces blandengues y corruptos.

La Cámara de Diputados tenía previsto tratar hoy –la sesión fue suspendida llamativamente anoche– un proyecto de ley que eleva de diez a quince años la máxima pena carcelaria para los delitos de estafa y lesión de confianza, en los casos especialmente graves. Uno de estos es que el hecho punible haya perjudicado el patrimonio estatal, lo que supone la intención de precautelarlo tanto de la codicia de los particulares como de la de quienes ejercen una función pública. Por cierto, muchas veces unos y otros actúan de consuno, como cuando en una licitación amañada se acuerda un sobreprecio o se entregan bienes que no responden a las especificaciones técnicas. Sin duda, este proyecto apunta en la dirección correcta, pero no basta que las penas sean más duras si la Fiscalía y la judicatura son implacables y rigurosas solo con los ladrones de gallinas, bicicletas y pomelos, pero no contra los poderosos ladrones de traje y corbata.

Luego de largas dilaciones, que ya ponían en duda la buena predisposición de sus miembros, la Cámara de Diputados incluyó en el orden del día de su sesión de hoy el tratamiento de un dictamen de la Comisión Nacional de Reforma Penal, favorable a la aprobación de un proyecto de ley de la diputada Rocío Vallejo (PPQ) y otros, que eleva de diez a quince años la máxima pena carcelaria para los delitos de estafa y de lesión de confianza, en los casos especialmente graves. Llamativamente, la sesión fue suspendida anoche a última hora. Vale la pena conocer detalles del mencionado proyecto demorado en la Cámara Baja. Uno de los casos contemplados para el endurecimiento de las penas es que el hecho punible haya perjudicado el patrimonio estatal, lo que supone la intención de precautelarlo tanto de la codicia de los particulares como de la de quienes ejercen una función pública. Por cierto, muchas veces unos y otros actúan de consuno, como cuando en una licitación amañada se acuerda un sobreprecio o se entregan bienes que no responden a las especificaciones técnicas. Hay otros hechos punibles propios de la corrupción, como el soborno liso y llano, pero, por de pronto, está bien que la estafa y la lesión de confianza sean sometidas a la consideración de sus pares por la diputada Vallejo, para que, según la propuesta, los autores, cómplices y encubridores de tales fechorías sean sancionados con mayor rigor. Convendría quizá que en el último delito referido, al igual que en el de la estafa, también sea castigada explícitamente la tentativa, atendiendo el argumento de que en el escándalo de la reciente abortada compra de insumos médicos el Estado no sufrió un daño patrimonial: claro que lo hubiera sufrido si no hubiese salido a la luz, ya que sus protagonistas realizaron los actos preparatorios para su consumación. Además, pese al desbaratamiento del infame operativo, es evidente que la salud pública sufrió daños colaterales. La Carta Magna dice que las penas privativas de libertad tienen por objeto readaptar a los condenados y proteger a la sociedad. No se puede asegurar que los delincuentes de guante blanco vayan a regenerarse tras las rejas, pero sí que, entretanto, la población quedaría a salvo de sus latrocinios, más aún si también se aplicara, en general, la pena accesoria de inhabilitación temporal para volver a ocupar cargos públicos, dispuesta por la Ley Nº 1626/00 para los funcionarios que malversen, distraigan o desvíen bienes públicos, entre otras cosas. Por lo demás, toda sanción tiene de hecho un efecto disuasivo, que aumenta en la medida en que ella resistir sea la más tentación severa: de es robar presumible al erario que si sería la sanción más fácil es mayor supone a que la de las diez fechorías años de prisión. sean descubiertas Desde luego, y ello denunciadas cumpla efectivamente o que el Ministerio con sus funciones Público alguna y actúe vez de oficio, pues de poco o nada serviría agravar el castigo si los potenciales sinvergüenzas tienen motivos para creer que habrán de quedar impunes. Por otra parte, aumentar a quince años de prisión la pena prevista para los casos especialmente graves de estafa y de lesión de confianza también hará que se extienda el tiempo requerido para que prescriba la acción penal o se extinga la causa, en contra de aquello a lo que aspiran los cínicos chicaneros de siempre. Si los diputados aprobaran la iniciativa comentada, darían un buen paso en la dirección correcta, que es reforzar las normativas tendientes a reprimir los hechos de corrupción. Si este intolerable fenómeno está alcanzando proporciones descomunales es también porque sus protagonistas creen que el riesgo que corren es insignificante, no solo porque pueden confiar en la complicidad o el encubrimiento de los encargados de controlarlos o de perseguirlos –el Ministerio Público y la Justicia–, sino también porque la expectativa de pena es reducida, es decir, pueden confiar en que el mero paso del tiempo les librará del condigno castigo. Debe insistirse en que no basta con que las penas sean más duras, pues, como parece obvio, es preciso que la Fiscalía y la judicatura sean implacables y rigurosas, no solamente con los ladrones de gallinas, bicicletas y pomelos, sino también contra los poderosos ladrones de traje y corbata. Es hora de combatir la pestilente corrupción que nos sofoca hasta el punto de que no se detiene ni ante una crisis sanitaria, tal como se ha visto y se seguirá viendo mientras existan normas penales que a nadie asustan y que son aplicadas por agentes fiscales y magistrados blandengues o corruptos, ellos mismos. La tan desprestigiada Cámara Baja está ante la disyuntiva de proteger a los facinerosos, que también abundan en su seno e integran las respectivas clientelas políticas o, dar señales de que comparte la irritación ciudadana ante tantas canalladas. Ya no debe poner excusas sino tratar y aprobar el mencionado proyecto de ley para enmendar los disparates que perpetró al oponerse a la publicidad de las declaraciones juradas de bienes y rentas, así como al atenuar el rigor del proyecto de ley sobre las remuneraciones en el sector público, a menos que, una vez más, sus integrantes prefieran ser tildados de sinvergüenzas al servicio de otros de la misma calaña.