“Hermanos Chicharõ” a juicio por lavado
Carlos Sánchez Garcete y sus hermanos Ardonio y Denilso plantearon una serie de incidentes para tratar de anular el proceso que afrontan por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, pero no resultó. El juez Humberto Otazú resolvió que todos afrontarán juicio oral y público.
En la primera etapa de la audiencia, realizada en horas de la mañana, el fiscal Luis Piñánez se ratificó en su acusación y pedido de juicio oral y público para el político Carlos Sánchez Garcete, “Chicharõ”; el abogado Ardonio
y Denilso, “Chicharõcito”, actual intendente de Capitán Bado.
La acusación se presentó por tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación criminal, pero por disposición de la Cámara persiste solo el segundo hecho punible.
Piñánez planteó la inclusión de un informe de autoridades brasileñas obtenido en el marco de la cooperación internacional.
El documento referido tiene relación con la causa que
Carlos Sánchez tuvo en el Brasil y en la que se detalla los bienes del mismo y en la que fue condenado.
A su vez, el abogado Jorge Prieto, defensor de los acusados, planteó siete incidentes, entre ellos uno de nulidad de la acusación y otros de exclusión probatoria.
Tras un receso para almuerzo, ya en horas de la tarde la defensa planteó varios incidentes más, todos direccionados a descartar las pruebas de la Fiscalía. La única prueba descartada a pedido de la defensa es una investigación a Chicharõ por supuesto homicidio.
Condena en el Brasil
Carlos Rubén tiene una condena en el Brasil de 4 años que la cumplió en nuestro país y que le fue impuesta por el juez federal Odilón de Oliveira en 2010.
Tras el escándalo de su procesamiento, Sánchez –que era entonces diputado suplente– fue expulsado del Partido Colorado. Denilso, también enfrascado en la política, había sido electo intendente de Capitán Bado por el Partido Colorado y tras agotar su permiso para asumir el cargo, juró en la clandestinidad ante una escribana, en razón de que contaba con orden de captura de la Fiscalía en aquel entonces.
Según la fiscalía, unos G. 15.000 millones serían parte del patrimonio de los Sánchez que no pueden justificar y que intentaron encubrir con la creación de empresas con grandes capitales.