Amarilla pasó de modesto repartidor a millonario senador
El exsenador carto-llanista Dionisio Amarilla pasó de ser un modesto repartidor de leche a millonario propietario de cerca de una veintena de inmuebles durante sus años en la función pública. Estudiantes de la UNA lo señalaron como responsable de ubicar a familiares y operadores. La Fiscalía abrió investigación que nunca avanzó.
“Soy un pelele económicamente”. Así se describió a sí mismo el entonces senador Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland en mayo de 2019. Sin embargo, las declaraciones juradas que presentó ante la Contraloría General de la República demuestran una realidad diametralmente opuesta.
El liberal carto-llanista se inició como un modesto repartidor de leche que recorría su Tebicuary natal a bordo de una motocicleta. Fue representante estudiantil durante su paso por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
Informes comerciales señalan que durante esos años tuvo una pasantía de un año como gerente de una empresa, antes de ingresar como funcionario de la UNA en 1999.
Amarilla Guirland llegó a director de Administración y Finanzas de la UNA, cargo que ocupó durante casi dos décadas y bajo la administración de dos rectores. Primero Darío Zárate Arellano y luego Froilán Peralta, este último forzado a renunciar por las manifestaciones estudiantiles de 2015 conocidas como “UNA No Te Calles” que se desataron como consecuencia de los incontables casos de corrupción en las diversas facultades de la alta casa de estudios.
En esa época, los estudiantes señalaban al entonces administrador de la UNA como responsable de haber nombrado a familiares y operadores políticos con sueldos de docentes sin que realmente enseñaran cátedra alguna.
Sin casa, pero con millones bajo el colchón
La Contraloría publicó solo la Declaración Jurada presentada por Amarilla Guirland en 2013 cuando juró como diputado; sin embargo, publicaciones de ABC Color permiten hacer un seguimiento del crecimiento patrimonial del exlegislador.
En 2007, con ocho años en la función pública, Amarilla no tenía casa propia, vivía en alquiler, tenía dos vehículos utilitarios pero reportaba ya G. 2.000 millones en efectivo, de un total de activos que superaba los G. 4.000 millones. Decía ganar mensualmente G. 10.800.000 y que gastaba G. 7.150.000.
En 2013, cuando llegó a la Cámara de Diputados, su patrimonio ya había superado los 5.000 millones de guaraníes.
En sus manifestaciones de bienes incluyó ya cuatro inmuebles, tres de los cuales estaban ubicados en Ñemby, donde Amarilla levantó un pequeño minicountry de casi tres hectáreas.
En sus reportes hace constar que, supuestamente, como administrador de sucesión le pagaron entre 300 y 400 millones de guaraníes en dos oportunidades; consigna, además, que está en trámite de herencia y sucesión familiar una valiosa propiedad de G. 1.000 millones en San Ignacio (Misiones).
Incluyó asimismo una camioneta y un automóvil.
Su patrimonio total era de más de G. 5.036 millones.
Los G. 7.000 millones
En 2018, cuando llegó a senador, Amarilla volvió a declarar un aumento patrimonial ante la Contraloría General.
En ese entonces, su esposa, Analy Valiente, era la responsable de recibir y analizar esos documentos en el ente contralor.
Al asumir como senador declaró inmuebles por G. 3.070 millones; tres suntuosos vehículos valuados en G. 900 millones; G. 2.000 millones en efectivo; G. 900 millones en “emprendimientos”; y otros activos sin especificar por G. 273 millones.
Sus activos habían alcanzado G. 7.143 millones y sus pasivos eran de G. 500 millones. Su patrimonio total era de G. 6.643 millones.
Entre 2007 y 2018, Amarilla experimentó un crecimiento patrimonial del 57%, lo que le significó agregar a su patrimonio más de G. 2.000 millones.
Expulsado y no investigado
Amarilla fue expulsado del Senado en junio de 2019, luego de que sus colegas consideraran que había incurrido en uso indebido de influencias.
El carto-llanista fue filmado durante una reunión en la que el proveedor del Estado Óscar Chamorro Lafarja ofrecía a un periodista de ABC “arreglar” para parar publicaciones sobre procesos de adjudicación irregular en el Instituto de Previsión Social.
En setiembre de 2018, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. La fiscal general, Sandra Quiñónez, nunca designó a un responsable del caso.