Debate en el JEM en torno a remoción
Un hecho que traerá derivaciones, es la práctica del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) de aplicar la remoción para los jueces o fiscales que tuvieron una sanción previa de apercibimiento. La ley que rige para el Jurado no reglamenta este extremo, y sin embargo, el JEM aplica la remoción de jueces y fiscales que tienen un apercibimiento anterior.
La discusión en el pleno del JEM, se inició porque al camarista Raúl Insaurralde (cuñado del exministro liberal Sindulfo Blanco) se le aplicó ayer la sanción de apercibimiento. Sin embargo, el presidente Enrique Bacchetta, luego de haber pasado ya a otros puntos del orden de día, tuvo que retrotraer este tema y hacer mención que Insaurralde ya tenía la sanción de amonestación, según la Sentencia Definitiva del JEM N° 27/2011, por lo que siguiendo la práctica y hábito del Jurado, el magistrado debía ser removido.
Entonces la ministra de la Corte, la liberal Gladys Bareiro pidió al pleno que le argumenten en qué parte de la ley dice que una segunda amonestación equivale a la remoción del enjuiciado, a lo que Cristian Kriskovich le explicó que era una práctica constante en el Jurado.
Finalmente, a Insaurralde le impusieron el apercibimiento, y Bacchetta pidió que se abra sumario a los funcionarios responsables del Jurado que no le informaron a tiempo de la sanción que ya tenía el juez.
En otro caso, el fiscal de Curuguaty, Lucrecio Cabrera, fue oído en audiencia pública ante el JEM, al que explicó que la liberación de un taxista y su vehículo fueron ordenados porque el cargamento de droga que transportaba estaba empaquetado y el trabajador del volante no podía saber de su contenido. Además, dijo que no tuvo elementos para vincularlo con el tráfico de estupefacientes.
Los miembros del Jurado también analizarán si levantan o no la suspensión del fiscal Cabrera, y se llamó a autos para sentencia.
También juró como miembro del JEM la senadora Hermelinda Alvarenga, quien sustituirá a su colega Fernando Silva Facetti, al solo efecto de analizar la recusación que promovió el presidente del PLRA Efraín Alegre contra el legislador, en la causa en que denunció a los fiscales Édgar Sánchez y Eugenio Ocampos, quienes le procesaron penalmente.