La angustia en la frontera está llegando al punto límite.

Los últimos eventos registrados en las principales ciudades comerciales fronterizas del país revelan de manera clara el hartazgo de la ciudadanía respecto a la crisis que la azota desde hace más de cuatro meses, así como a la falta de respuestas concretas y efectivas por parte de las autoridades. La desocupación campea, las necesidades aumentan y muchos comienzan a sentir hambre, situación que se convierte en un caldo de cultivo propicio para la violencia. Urge que las autoridades de todos los poderes del Estado trabajen denodadamente en una respuesta perentoria antes que estos populosos lugares sean un polvorín cuya explosión resulte incontrolable. Los trabajadores y dueños de establecimientos comerciales, industriales y de servicios de Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá y Encarnación han intensificado sus movilizaciones para hacer sentir sus requerimientos ante las autoridades. El desempleo es alarmante y se estima que solo en el Este del país más de la mitad de unos cien mil puestos laborales se encuentran desactivados.

Los últimos eventos registrados en las principales ciudades comerciales fronterizas del país revelan de manera clara el hartazgo de la ciudadanía respecto a la crisis que la azota desde hace más de cuatro meses, así como a la falta de respuestas concretas y efectivas por parte de nuestras autoridades. La desocupación campea, las necesidades aumentan y muchos comienzan a sentir hambre, situación que se convierte en un caldo de cultivo propicio para la violencia. Urge que las autoridades de todos los poderes del Estado trabajen denodadamente en una respuesta perentoria antes que estos populosos lugares sean un polvorín cuya explosión resulte incontrolable.

Los trabajadores y dueños de establecimientos comerciales, industriales y de servicios de Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá y Encarnación han intensificado en las recientes semanas sus movilizaciones para hacer sentir sus requerimientos ante las autoridades. Se desconoce una cuantificación precisa sobre los daños que está arrojando esta pandemia, pero es fácil suponer que son catastróficos en cuanto a pérdidas económicas y sus devastadores efectos sociales. El desempleo es alarmante y se estima que solo en el Este del país más de la mitad de unos cien mil puestos laborales se encuentran desactivados.

De momento el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, la Subsecretaría de Tributación, la Dirección Nacional de Aduanas y otras pocas instituciones públicas, ha dado apenas un pequeño paliativo al sector comercial fronterizo. Decretos mediante, la tasa efectiva del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado al momento de la importación de bienes fue reducida del 1,5% al 1% hasta finales del presente ejercicio; se redujeron las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para bebidas alcohólicas y artículos electrónicos; se determinó un régimen de depósito aduanero privado comercial para el turismo, y se habilitaron las ventas online para artículos del régimen de turismo (antes se podía comerciar solo de manera presencial). Nada muy trascendente que aventure alguna recuperación económica.

Ante la presión impuesta por los integrantes de las Cámaras de Comercio de Frontera, el Gobierno accedió a conformar una mesa de trabajo, asignando a los responsables de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda e Industria y Comercio la búsqueda de medidas para la reactivación de estas ciudades. De momento, lo único que se sabe que hará el Ejecutivo fue anunciado mediante su tan mentado plan de reactivación económica: una extensión de su sistema de subsidio a informales denominado “Pytytvõ 2.0”, especial para trabajadores fronterizos; reducciones en tasas que representan costos para la importación y exportación de mercancías (Dinac, Senave, Arancel Consular, Valoración Aduanera, entre otros) y un puñado de proyectos de inversiones públicas por unos 200 millones de dólares para los cuatro departamentos en cuestión.

Sin embargo, las necesidades expresadas por las fuerzas vivas ante diversos estamentos y en diferentes oportunidades son mucho más ambiciosas. Han arrimado planes para mejorar la competitividad logística y comercial, flexibilizar el intercambio de bienes y servicios, facilitar créditos blandos, con periodos de gracia y plazos más extensos; poner en vigencia un régimen agresivo de tiendas francas; crear espacios para la innovación y mejora de la tecnología; reforzar la insfraestructura sanitaria y la extensión de planes de seguridad social; ampliar los plazos de postergación para pagos de servicios básicos; mejorar la infraestructura pública que permita iniciar una transformación del atractivo turístico; entre muchas otras cosas.

Estas propuestas duermen en los cajones de la burocracia estatal.

Quizás el punto más polémico de todas las proposiciones tiene relación con la apertura inmediata de las fronteras, de tal manera a permitir el ingreso de turistas compradores, un verdadero desafío ante la posibilidad de contagios masivos del covid-19, más aún tomando en consideración los registros recientes en localidades fronterizas de Brasil y Argentina. Esta realidad nos debería llevar a analizar detenidamente la experiencia uruguayo-brasileña de “acción binacional sanitaria”, consistente en medidas recíprocas de higiene para ingresos y salidas de vehículos y personas, protocolizando toda la operativa de comercio y servicios, que han convertido estos sitios en verdaderas ciudades binacionales. Esto fue posible gracias al liderazgo del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, quien personalmente se encargó de negociarlo con su par brasileño,

Jair Bolsonaro, como lo requería una situación crítica como la que se vive.

El sacrificio que ha realizado la ciudadanía ha tenido un costo sumamente elevado para seguir en las mismas, con un endeudamiento galopante que desespera y una corrupción indignante que es acompañada con la actitud cómplice de nuestras autoridades. Las actividades económicas de estas ciudades deben ser reactivadas de manera perentoria. La falta de respuestas oportunas desde el Gobierno está exacerbando los ánimos.

Los reclamos de los empresarios y trabajadores fronterizos no es por mero capricho, sino es por una cuestión de supervivencia. La inquietud general que ya venía siendo también insostenible en Asunción y en otras localidades ha bajado de intensidad tras flexibilizarse las medidas y permitir que se vuelva a la actividad, aunque sea en forma limitada.

Los responsables de la conducción del país deben comprender que la situación apremia y ya no queda tiempo para la espera. La frontera es un polvorín y ellos serán los únicos responsables ante un eventual estallido cuyas consecuencias son impredecibles.