El intendente “escondió” el caso TX durante medio año
El intendente asunceno, Óscar Rodríguez, mantuvo “escondido” el caso TX todo este tiempo. Concejales solicitaron en varias ocasiones informes sobre la anunciada rescisión con el consorcio que este año se supo que no se había hecho y terminó en una millonaria demanda. Ediles exigen explicaciones.
Los concejales Orlando Fiorotto y Rosanna Rolón (ANR) presentaron una minuta a través de la cual solicitan a la Intendencia Municipal que remita la resolución en la que había suspendido el año pasado el contrato con el Consorcio TX (TX-Gaudí SA) y no rescindido, como en un principio se anunció. También piden toda la documentación sobre el referido consorcio.
TX fue adjudicado para una consultoría al Sistema de Gestión Tributaria y Catastral de Asunción. Esta semana, finalmente, el contrato fue rescindido. La firma ya presentó días antes una demanda contra el municipio exigiendo 15 millones de dólares por haber suspendido más de 60 días el contrato.
Ante la falta de respuestas y los varios meses sin mostrar transparencia en el proceso, ayer la Junta aprobó nuevamente una solicitud de toda la documentación al respecto. “Reiterando de vuelta al Intendente, ya son varias minutas presentadas y todas aprobadas por la Junta Municipal, solicitándole que remita la documentación”, dijo Fiorotto.
Reclaman: la resolución del 23 de diciembre que nunca fue remitida pese a los pedidos, que dictaría la suspensión; la comunicación del 8 de junio al consorcio sobre los incumplimientos; el descargo de la empresa; la demanda de la empresa que reclama 15 millones de dólares; y la resolución de rescisión del contrato.
El presidente de la Junta Humberto Blasco (PLRA) explicó que en la sesión de ayer se dio entrada a la nota de rescisión y que fue derivada a la Comisión de Hacienda. Agregó que hasta ahora la Comuna no ha sido notificada de ninguna demanda y que solo se han enterado de ello a través de la prensa.
El edil Julio Ullón (ANR) solicitó ampliar el pedido de manera que se remitan todos los antecedentes de las reuniones que se realizaron con el consorcio, en el marco de la suspensión, además del pedido de pago que la empresa había solicitado en el 2019. Finalmente los pedidos fueron aprobados y derivados a intendencia.
Por su parte, la Intendencia sostiene que pese a que en 2019 anunció la rescisión, el proceso no es tan simple y que primero debieron suspender el contrato, realizar una auditoría y luego de ello, decidir la rescisión. Esto les llevó seis meses, lo que abrió paso a que el consorcio iniciara una demanda.
“La ley de Contrataciones Públicas dicta que la suspensión debe durar hasta 60 días”, indicó Carolina Vera, representante legal del consorcio.