Negligentes
A estas alturas se me sigue erizando la piel respecto a lo que nos toca vivir como sociedad globalizada que se ve obligada a cambiar radicalmente hábitos de vida. A juzgar por la historia, esto se da cada tiempo, como lo fue la pandemia de la gripe española que mató a más de 40 millones de personas, entre los años 1918 y 1920. Los avances científicos y tecnológicos hacían suponer que era inverosímil que podríamos volver a vivir un escenario así de catastrófico a estas alturas. Sin embargo, sucede que seguimos sin aprender la lección en varios aspectos. En ese sentido y un punto específico que me gustaría ahondar es en que en nuestro país nos viene matando desde hace décadas la pandemia de la corrupción de funcionarios públicos que conocen de artilugios, de lagunas de las leyes y de exiguas penas para poder armar su esquema de saqueo. Ante este panorama aplaudo a la exfiscal y actual diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida, que presentó un proyecto de ley que modifica los artículos 187 y 192 del Código Procesal Penal, referentes a estafa y lesión de confianza, respectivamente. La modificación prevé ampliar como máximo 22 años la pena privativa de libertad por causar perjuicio al Estado. Actualmente, la Ley 1160/97 establece que la estafa tiene una pena máxima de ocho años y la lesión de confianza de apenas diez años. Sería bueno también que se pueda algún día procesar a las autoridades por negligencia. Esto atendiendo a que la epidemia de dengue se cobró 54 muertes, muchas de ellas sin haber podido conseguir una cama en terapia intensiva, equipamiento que continúa siendo escaso. Es por ello que seguimos sin estar preparados para un eventual estallido de casos graves del covid y no es como sostienen que se debe al contexto mundial de desprovisionamiento, porque la verdad es que no se actuó en el tiempo oportuno, a sabiendas de que no hay castigo, pero el pueblo ya les conoce y les demandará.