Scavone Yegros tuvo acuerdo para ser embajador en España
El Senado prestó ayer por amplia mayoría el acuerdo constitucional para la designación de Ricardo Laviero Scavone Yegros como embajador de nuestro país ante el Reino de España.
El nuevo representante diplomático paraguayo en el país ibérico es de carrera con amplia experiencia, miembro de la Academia Paraguaya de la Historia y de varios países de la región. Actualmente, venía ejerciendo el cargo de director general de Asuntos Especiales de la Cancillería.
Tiene publicados varios libros de carácter histórico y diplomático y fue catedrático en la UCA.
La mayoría de los integrantes de la bancada del Frente Guasu se abstuvo de votar, debido a la participación de Scavone Yegros en las cuestionadas negociaciones sobre cambios al acuerdo de Itaipú, aunque el senador Filizzola aclaró que no cuestionaban la trayectoria del nuevo embajador.
El pleno del Senado aprobó con modificaciones el proyecto de ley “de resolución de la insolvencia”, remitida por el Ejecutivo.
El senador Sergio Godoy (ANR, HC) dijo que esta normativa necesitaba de una actualización y destacó sobre todo la necesidad de dar alternativas para que las empresas en riesgo de quiebra en la crisis creada por la pandemia de covid-19 tengan alguna alternativa para continuar operando. El proyecto fue girado a la Cámara de Diputados para su consideración.
Tras una reconsideración, el Senado consiguió los votos necesarios 27 votos para rechazar el veto del Pode Ejecutivo a la ley 6534/20 “de protección de datos crediticios.
El Ejecutivo objetó la disposición de que se debían borrar las informaciones sobre datos crediticios de deudas vencidas no reclamadas judicialmente que hayan superado tres años de inscripción, las deudas canceladas de manera inmediata, una vez recibida la notificación de la fuente de información y los juicios de convocatoria de acreedores después de cinco años de resolución judicial que los admita. Al respecto, el veto aduce que no es acertado borrar los datos del buró de crédito, ya que evitará que se generen datos estadísticos. Agrega que no es conveniente que la información permanezca disponible solo cinco años.
Ahora, la Cámara de Diputados deberá expedirse sobre el mismo tema.