Son 15 años en que estos corruptos van a estar preocupados si se les investiga o no. A ellos no les preocupa el aumento de la pena. Les preocupa la prescripción, la herramienta con la que juegan en los tribunales.

–Muchos proyectos de ley como este van a parar al canasto del olvido pero como estamos en tiempos sensibles de pandemia dan mucho que hablar. ¿De que se trata ese proyecto de ley que le rechazaron?

–Este proyecto de ley comenzó con ese debate que se abrió justamente sobre los recursos del Estado mal utilizados en este tiempo de pandemia. Todos los ciudadanos hemos sido testigos de que la corrupción no se detiene ni cuando estamos en crisis y cuando más necesitamos de que cada guaraní sea aplicado correctamente, como hemos visto con estas irregularidades que se cometieron en las compras de material y de insumos hospitalarios.

–¿Usted qué quería exactamente con esa ley?

–Es una ley para elevar las penas. El artículo 187 que es estafa y el artículo 192 que es lesión de confianza, establecen que en los casos especialmente graves las penas se elevarán, en el caso de estafa a 8 años y en el caso de lesión de confianza hasta a 10 años. No definen sin embargo cuales son los casos “especialmente graves”. Entonces, esta propuesta de ley especificó cuáles son los casos “especialmente graves”.

–¿Cuáles?

–Por ejemplo, que el delito cause perjuicio a mucha gente, que deje en situación de indigencia a muchas personas, se incluye lógicamente un perjuicio al patrimonio del Estado, sea o no funcionario público. Entonces, nuestra propuesta fue elevar de 1 a 15 años la pena.

–Que tenía un máximo de 10...

–Nosotros pretendíamos cortar una de las estrategias más usadas por los corruptos, la chicana de retardar sus procesos hasta que prescriba y se extinga la causa.

–¿Cómo hacen generalmente?

–Muchos, por no decir la mayoría, han logrado su objetivo. Se les imputa. Con eso se interrumpe el plazo de prescripción del hecho punible. Pero hay una norma en el código penal que dice que desde que se cometió el hecho punible, si no hay una solución firme y ha transcurrido el doble del plazo de prescripción –que para los casos de estafa y lesión de confianza serían 10 años–, entonces la causa se extingue, independientemente que haya culminado o no. Si transcurrió el doble del plazo de prescripción se extingue.

–Un ejemplo...

–Suponga un administrador público en el 2009 que haya causado un perjuicio a la institución donde estuvo. Se le imputa en el 2010, y va corriendo el plazo. Pero chicanean tanto estos corruptos, van trabando tanto la causa que llegan a los 10 años, al doble del plazo de prescripción. Entonces ahí plantean la prescripción y quedan libres sin ningún tipo de condena.

–Algunos casos...

–Hay infinidad de casos: hay un exfiscal, un excanciller, Camilo Soares quiso plantear ahora. Le aplicaron una doctrina diferente... La Corte Suprema de Justicia, en algún momento debería darnos la lista.

–Los delincuentes llegan fácil a los 10 años. Por eso casi no hay corruptos en la cárcel.

–Nosotros establecimos por eso 15 años, de modo a cortarles su estrategia de dilatar los procesos que lo consiguen perfectamente, porque llegan fácilmente a los 10 años. Parece mucho pero lo logran.

–Walter Bower, ese prominente político colorado acusado de torturas en la Marina dilató 20 años su caso, hasta conseguir el tribunal que lo declaró inocente.

–Y ese caso no se puede extinguir porque se trata de un delito de lesa humanidad. Es imprescriptible. En nuestro caso, yo no me esperaba desde luego algo diferente. Lo que me fastidia nomás es ese discurso demagógico cuando escuchamos decirle “caiga quien caiga” o “estamos contra la corrupción” pero después van y votan en contra de algo tan lógico y sencillo como es el aumento de las penas contra los corruptos. Para que vea el contraste nomás. Una ley aumentó a cinco años la pena de cárcel por contrabando de productos frutihortícolas. Se iguala a la pena mínima aplicada por homicidio. El proyecto presentó la bancada Añetete (oficialista). Nosotros pedimos un marco penal de 1 a 15 años. Es el mismo marco penal para el que roba cuatro vacas. Yo creo que es bien gráfico.

–Ahora la bancada oficialista le votó en contra. La votación fue de 36 a 32.

–Todos sabemos que la corrupción es lo que está matando al Paraguay, sumada a la impunidad que se logra sin problemas pasados los 10 años. Se declama “estamos contra la corrupcortarle ción” y cuando se plantea una ley como esta todos se quedan calladitos. Nadie dice nada y designan a uno para que ponga la cara y se vote lo más rápido posible para que el público ni se entere que hicimos un esfuerzo para la vena a los corruptos.

–El que puso la cara fue el diputado colorado Derlis Maidana. Dijo que la ley debe estar inserta en una reforma del Código Penal.

–Así mismo. Cuando conviene a sus intereses inventan cualquier excusa. Y este proyecto evidentemente no conviene a sus intereses. Una periodista me preguntó si me sentía frustrada. Ellos son los que se tienen que sentir frustrados por defraudarle a la ciudadanía que quiere penas más altas para los corruptos; ellos que dicen que representan al pueblo.

–Van a querer sopesar ahí quién tiene más representación.

–Yo sí siento que la represento porque sé que la ciudadanía está cansada de estos casos de corrupción y quiere penas más altas. Y lógicamente que este es el primer paso. No es la solución. Ahora necesitamos jueces y fiscales con coraje a fin de aplicar las penas duras. Pero bueno, esto quedó, no digo en el oparei porque yo voy a buscar el momento oportuno para volver a plantearlo.

–¿Dónde está la debilidad de la ley vigente?

–En la prescripción de la pena. Hoy es de 10 años y queríamos 15. Son 15 años en que estos corruptos van a estar preocupados si se les investiga o no. A ellos no les preocupa el aumento de la pena precisamente. Lo que les preocupa es la prescripción. Es la herramienta principal con la que juegan hoy en los tribunales.

–O sea, hacer correr es el deporte favorito de sus defensores...

–El (poder) que viene de turno le protege, el que le sustituye le protege. Si uno es de su equipo o hay un pacto con el que viene de turno le protege. Pero de repente, puede ocurrir que el que llega después de los 10 años ya no es del equipo y ya no le importe protegerle e incluso puede estar de acuerdo con la persecución y el castigo. Esta es una mafia que esquilma el patrimonio. No sé cuándo vamos a terminar de darnos cuenta que el Paraguay está como está por la corrupción. Es desesperante. Estos inescrupulosos no descansan ni en pandemia para esquilmar los recursos del Estado. Nuestro grupo de diputados fue el que denunció cinco casos, de los cuales cuatro ya están imputados en este momento. Uno queda, de Dinac.

–¿Las denuncias de Salud?

–Las denuncias que pesan sobre el Ministerio de Salud fueron denuncias realizadas a iniciativas de diputados. Incluso se le preguntó a (el ministro Julio) Mazzoleni por qué no denunciaba él, y él dijo: “ya denunciaron los diputados“, y después seguramente tuvo tanta presión que también él presentó una denuncia.

–¿Siempre son los mismos los que se surten de las corrupciones con el Estado?

–Están de todos los colores (se ríe). Lo que hacen es una protección hasta para futuro. Uno de los colegas en un sincericidio me dice: “¿Por qué lo que querés elevar las penas? Yo quiero ocupar un cargo en el futuro. Imaginate 15 años...”. Lo que queremos es una ley justamente para castigar a los futuros ladrones, sean estos gobernantes, intendentes, gobernadores y todo aquel que ocupe cargo público sea del color que fuere. También rige para los empresarios corruptos.

–¿Hay toda una corruptela detrás de las compras del Estado?

–Yo no creo que nada sea fortuito. Hay grandes organizaciones que están hace muchos años y que se presentan a través de distintas empresas. Eso se está desnudando con el caso de Salud. Siempre son los mismos los que ganan las licitaciones.

–Un modus operandi...

–Por ejemplo, ellos ponen en los contratos que les van a pagar una suma elevada a los guardias pero el guardia recibe mucho menos. Me ha tocado ver algunas situaciones. Ponen que el guardia va a recibir 4 millones (de guaraníes), pero la realidad es que se le paga mucho menos. Lo mismo pasa en el tema de limpieza. ¿Quién controla? Ese es el problema del Paraguay: la falta de control y la impunidad.

–¿Se puede decir que el rechazo del proyecto de ley es una defensa de los corruptos, o tienen en parte razón al decir que hay que reformar el código?

–Con ese argumento, el próximo miércoles los diputados tienen que rechazar la modificación de la medidas cautelares que se estableció en el Senado y que beneficia a todos los que están presos. Con la media sanción del Senado van a salir casi todos los condenados (se ríe) y todos los que están con prisión preventiva. Se va a favorecer a los políticos que están en prisión. Yo voy a defender otra versión en la próxima sesión. Vamos a rechazar de plano la libertad de los delincuentes. Si el problema es de penitenciarías, que arreglen. No podemos trasladar a la sociedad el problema que tienen las penitenciarías.

–Se habla de la reforma económica en tiempos de pandemia. ¿Se puede dimensionar cómo la corrupción agrava la crisis?

–La corrupción está al pie del cañón. Duele más en pandemia y produce indignación cuando los administradores públicos malversan o malutilizan los recursos que tenemos. Es demasiado grave. Eso es lo que motivó esta ley que nos rechazaron. Esta postura que asumimos nos genera cada vez más enemigos pero creemos que es el camino correcto para defender los intereses de la ciudadanía.