Hartazgo contra impunidad, ineptitud y un oscuro pacto

Lamentablemente, está ocurriendo lo que se temía. Una ciudadanía obediente y disciplinada cumplió con su parte pero los administradores de turno no lo hicieron. Los paraguayos fuimos confinados en nuestras casas hace cinco meses, muchos se han quedado sin trabajo y soportaron estoicamente la falta de satisfacción de necesidades básicas, bajo la promesa de que se debía preparar el sistema de salud para evitar el colapso. Pero al cabo de este tiempo solo hemos visto cómo se robaba en licitaciones sin que nadie haya terminado tras las rejas, cómo nuestras autoridades nos endeudaban e hipotecaban nuestro futuro y el de nuestros niños, y cómo el Ministerio de Salud capitaneado por Julio Mazzoleni ejecutaba apenas 7 millones de los 514 millones de dólares disponibles para el sector. La ciudadanía está harta de la ineptitud de la gestión del Ejecutivo y la impunidad de los que meten la mano en la lata, mientras los impresentables del partido de Gobierno sellan oscuros pactos con tufo a impunidad y a seguir esquilmando a la patria. Ningún paraguayo de bien puede estar de acuerdo con que muera un solo compatriota a causa del covid-19 y todos coincidimos en que se deben arbitrar las medidas necesarias para amortiguar el impacto de este virus que tiene sometido a casi todo el planeta. Tampoco nadie puede decir que aplaude los actos vandálicos registrados hace solo algunas horas en Ciudad del Este, la zona más castigada del Paraguay durante la presente pandemia. Ninguna decisión gubernamental puede justificar hechos de violencia de cualquier tipo. No es y nunca será el camino a la solución de los problemas. Realizadas estas aclaraciones y utilizándolas como premisas de hierro, no se puede dejar de analizar el contexto en el que se están desarrollando los acontecimientos que se vuelven preocupantes ante la posibilidad de contagio a todo el territorio nacional. Hace exactamente 143 días el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, ha establecido la cuarentena, obligando a la población a diferentes tipos de confinamiento y al cierre de numerosos establecimientos comerciales, industriales y de servicios. Desde el principio, los responsables de Salud hablaron de la necesidad de preparar la infraestructura sanitaria, de hacer compras urgentes de materiales, equipos e insumos médicos, y de ampliar los servicios de terapia. Durante varios meses el pueblo lo entendió y cumplió estrictamente todas las recomendaciones del equipo médico que asesora al presidente Mario Abdo Benítez. Pero transcurrió el tiempo y saltaron hechos que confirmaban lo que siempre supimos y creímos que no se animarían a hacer ante tamaña crisis. Así, nuestras autoridades y sus cómplices en el sector privado nos despertaron y devolvieron a la realidad. Los negociados pasaron desde compras de simples mascarillas y agua tónica a valores millonarios en equipos e insumos médicos. Los escándalos condujeron a tibios sumarios a funcionarios de tercera o cuarta línea, pero a ninguno importante, y mucho menos están tras las rejas. La rabia ciudadana despertó cuando el propio responsable de la Comisión Especial de Supervisión y Control, Arnaldo Giuzzio, afirmó que en más de una treintena de licitaciones no se detectó daño patrimonial alguno. Las promesas de incorporación de camas de terapia, creación de laboratorios de análisis de detección del covid-19 y de capacitación de personal intensivista se cumplieron en niveles casi marginales. Los controles draconianos realizados inicialmente por las fuerzas públicas fueron para los ciudadanos de la calle, pero rápidamente se relajaron en las fronteras casi en criminal connivencia con el paso clandestino de personas y una cuasi confabulación con aquellos que operan en el comercio ilegal de productos. En medio de este desagradable despertar, gracias a la iniciativa de un periodista y un abogado, acompañados de la histórica decisión de jueces y ministros de la Corte, la ciudadanía pudo acceder por fin a auscultar un secreto guardado bajo siete llaves: las declaraciones juradas de nuestras autoridades. Sin dudas, los años de resistencia y boicot por parte de un amplio número de políticos tuvo una explicación: un gran número de los que accedieron a cargos en la administración del Estado no tiene cómo justificar sus bienes. A esto se sumó la lamentable postura de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Sandra Quiñónez, de resistirse a indagar a fondo a sus mentores y protectores políticos, exponiendo argumentos pueriles, rayanos a la complicidad. Para colmo, en medio de su desastrosa administración, el presidente Abdo Benítez pretende convencernos ahora de la necesidad que lo llevó a pactar con su supuesto acérrimo adversario –lo consideró “el mayor contrabandista” del Paraguay–, el expresidente Horacio Cartes, con la denominada “operación cicatriz”, la que nos trae a la memoria viejas maniobras en el Partido Colorado, que antes que priorizar los intereses patrios privilegiaron la protección de actividades ilegales, la repartija en porciones de los negociados con el Estado y la bajada de línea a jueces y fiscales venales para que sus dirigentes permanezcan impunes. No se han conocido los puntos del acuerdo, pero el proyecto “cicatriz” dio sus frutos de inmediato. Coincidentemente, el clan Zacarías Irún ha conseguido su impunidad en varios casos, sus jueces han sido liberados de todo castigo por el Jurado de Enjuiciamiento, se ha nombrado un fiscal adjunto de pésimos antecedentes para tres departamentos fronterizos con alta carga de comercio ilegal, y así, con el transcurso de los días, seguramente se conocerán otros desaguisados. Un futuro poco alentador. El confinamiento forzoso, el cierre de negocios, los despidos masivos y las suspensiones laborales, la corrupción galopante en los procesos de compras y contrataciones públicas, la falta de gestión e ineptitud del Ministerio de Salud, y un oscuro pacto con fuerte tufo a impunidad y para seguir esquilmando a la patria, explican de manera clara el hartazgo de la ciudadanía, evidenciado en los últimos acontecimientos registrados en el Este. Aunque es poco probable que el Gobierno “cicatriz” de Marito y Cartes desee rectificar rumbos, el primero debería, no obstante, reflexionar seriamente sobre el grave punto a que ha llegado la situación, disolver su sombrío maridaje político ,y ocuparse de atender las verdaderas necesidades de la población, comenzando por apartar de su Gobierno a quienes están salpicados por la corrupción o demuestren su ineficiencia. Nadie desea la violencia, pero el jefe de Estado debe darse cuenta de que la paciencia de la gente se está acabando, y de que si persiste en lo mismo, él y su compañero de ruta serán los únicos responsables de que esta crisis se torne cada vez más grave.