EDITORIAL

Sandra y sus agentes no quieren importunar a los capitostes. La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, está confirmando, con sus omisiones de las últimas semanas, su compromiso absoluto con el encubrimiento de los ladrones del dinero público y su resolución de incumplir lo que la Constitución y las leyes le mandan: el Ministerio Público alega, en contra de la letra clara de las leyes, que necesita dictámenes previos de otras instituciones antes de poder investigar los indicios de enriquecimiento ilícito de funcionarios derivados de sus declaraciones juradas. Es bueno que haya un control cruzado en esta cuestión esencial para el combate efectivo contra la corrupción, pero las “mesas de trabajo” no deben constituirse en un mero pretexto para que el Ministerio Público omita impulsar de oficio las pesquisas que exigen aquellos incrementos patrimoniales que, a primera vista, no se corresponderían con las legítimas posibilidades económicas de quien ha ejercido una función pública.

La fiscala con general sus omisiones del Estado, de las Sandra últimas Quiñónez, semanas, está su compromiso confirmando, dinero público absoluto y su con resolución el encubrimiento de incumplir de los lo que ladrones la Constitución de contra de y las la letra leyes clara le mandan: de las el leyes, Ministerio que necesita Público dictámenes alega, en previos de otras instituciones antes de poder investigar los indicios de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos derivados de sus declaraciones juradas. Es bueno que haya un control cruzado en esta cuestión esencial para un combate efectivo contra la corrupción, pero las “mesas de trabajo” no deben constituirse en un mero pretexto para que el Ministerio Público omita impulsar de oficio las pesquisas que exigen aquellos incrementos patrimoniales que, a primera vista, no se corresponderían con las legítimas posibilidades económicas de quien ha ejercido una función pública. La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) investiga si las declaraciones juradas de bienes y rentas de más de 70 legisladores y políticos se corresponden con lo que han venido abonando en concepto de impuesto a la renta personal. Les está pidiendo una “documentación respaldatoria”, pues el aumento patrimonial no justificado sería un indicio de evasión fiscal. El viceministro Óscar Orué informó que la eventual “inconsistencia” será comunicada al Ministerio Público. Es saludable que también haya anunciado que los organismos citados van a cooperar en el análisis de las declaraciones juradas y de las respectivas denuncias ciudadanas, que ya llegarían al centenar. Los agentes fiscales tendrían así “mayor claridad” en cuanto a la evasión impositiva, siendo de esperar, según el viceministro, que haya resultados y sanciones en los tribunales. “No conozco casos de alguien que haya ido preso por evasión”, dijo, evidenciando la impunidad reinante. La SET igualmente desea trabajar, además, con la Contraloría General de la República y con la Seprelad, pues los ingresos injustificados también serían una señal de enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero. Si cumplieran estrictamente con sus obligaciones, con lo que se viene publicando sobre las declaraciones juradas, las mencionadas instituciones deberían darse un festín para investigar y denunciar. En otros términos, no es imprescindible un previo dictamen de la Contraloría o de la Seprelad para que la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción se ocupe de quienes se convirtieron en potentados a su paso por el aparato estatal. Aquí no ocurre lo que en el delito de evasión impositiva, que no puede ser penalmente perseguido antes de que la SET se pronuncie al cabo de un sumario administrativo. Si la Contraloría halla indicios de una omisión dolosa en las declaraciones juradas o de un aumento no razonable de los ingresos del funcionario, tras el cotejo de las mismas debe denunciar el hecho al Ministerio Público para que inicie las pesquisas pertinentes. Que así no lo haga con el fin de encubrir al presunto delincuente o por carecer de recursos humanos y materiales adecuados para detectar el probable delito, no impide que los agentes fiscales actúen de oficio “inmediatamente después de la noticia” de la comisión de un hecho punible de acción pública, según ordenan el artículo 290 del Código Procesal Penal y el artículo 5 de la Ley Nº 1562/00, orgánica del Ministerio Público. La persecución penal debe empezar, sin necesidad de solicitud o impulso, cuando haya hechos de pública notoriedad que podrían implicar que alguien se enriqueció ilícitamente. La difusión de las declaraciones juradas de bienes y rentas realizada por la Contraloría muestra ciertos incrementos patrimoniales tan escandalosos, que ya deberían haber llamado la atención del Ministerio Público. A propósito, acaba de salir a la luz el del funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá desde 2009 y concejal lambareño desde 2016, Luis Alfredo Paciello, presunto “yerno” del expresidente Fernando Lugo, que vivía en un departamento alquilado cuando este llegó al Palacio de López; hoy es dueño, entre otras cosas, de una lujosa vivienda de 2.000 metros cuadrados situada en Asunción y de una casa de fin de semana en San Bernardino, habiendo comprado en 2012, tras la destitución de su “suegro”, cuatro departamentos y cuatro cocheras en un edificio céntrico de la capital, contra entrega de 200.000 dólares en efectivo. Cuesta creer que haya amasado esta verdadera fortuna con su salario en la función pública. Este ejemplo es solo uno de los tantos que deberían haber despertado de inmediato la curiosidad del Ministerio Público, que puede requerir documentos, informes o actuaciones a todo funcionario, en el límite de sus atribuciones. Eso significa que, si lo cree necesario, podrá requerirlos a la propia Contraloría, sin necesidad de esperar que ella le acerque sus conclusiones sobre el cotejo de ciertas declaraciones juradas. Hasta ahora no ha iniciado ninguna investigación de oficio con respecto a las que han sido publicadas, como si los descomunales enriquecimientos revelados fueran absolutamente normales. A la SET debe interesarle averiguar si alguien pagó el impuesto a la renta personal de acuerdo a lo que declaró ante la Contraloría, en tanto que quienes representan a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales, los agentes del Ministerio Público, deben actuar por propia iniciativa cuando todo parece indicar que el patrimonio del funcionario tuvo un aumento no razonable o no proporcional a sus ingresos legítimos. Hasta ahora, más allá de compartir una “mesa de trabajo” con la autoridad tributaria, la Fiscalía General del Estado observa impasible los exorbitantes enriquecimientos revelados, generando la sospecha de que teme molestar a más de un jerarca o incluso de que está cumpliendo la orden de no hurgar en el origen de ciertas fortunas. Con su inadmisible pasividad, Sandra Quiñónez refuerza la impresión de que no está interesada en defender el patrimonio público, cuando ello suponga importunar a los capitostes del momento o a algún “padrino”. Su actitud está resultando tan escandalosa como la de quienes se valieron de un cargo público para llenarse los bolsillos. Que no busque excusas, sino que tenga el coraje de cumplir con su deber, de una vez por todas. Aunque sabiéndose a quien obedece, es seguro que no cumplirá con sus obligaciones.