Políticos y su clientela no quieren desprenderse de sus privilegios.

La irracionalidad de la escala salarial en el sector público se reflejó en un informe del Ministerio de Hacienda sobre las remuneraciones fijas que exceden la del Presidente de la República. En efecto, quien se ocupa de la administración general del país cobra un sueldo de 33 millones de guaraníes, más 4.908.800 en concepto de gastos de representación. Empero, según dicho documento, 17 autoridades tienen un ingreso regular superior al suyo, entre ellas el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que encabeza el ranking con la friolera de 49.702.767 guaraníes mensuales. Los envidiables emolumentos superiores al del Jefe de Estado suponen para el contribuyente un costo anual de varios millones de dólares. Esto implica que buen dinero se ahorraría si no estuviera demorado en el Congreso el proyecto de ley del senador Sergio Godoy (ANR, cartista) que los prohíbe, y que, por ende, cada uno de ellos fuera al menos igual o inferior a 37.908.800 guaraníes.

La irracionalidad de la escala salarial en el sector público se reflejó no hace mucho tiempo en un informe del Ministerio de Hacienda sobre las remuneraciones fijas que exceden la del Presidente de la República. En efecto, quien se ocupa de la administración general del país cobra un sueldo de 33 millones de guaraníes, a los que deben sumarse 4.908.800 en concepto de gastos de representación. Empero, según dicho documento, 17 autoridades tienen un ingreso regular superior al suyo,

entre ellas el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que encabeza el ranking con la friolera de 49.702.767 guaraníes mensuales.

Los envidiables emolumentos superiores al percibido por el Jefe de Estado suponen para el contribuyente un

costo anual de varios millones de dólares. Esto implica que buen dinero se ahorraría si no estuviera demorado en el Congreso el proyecto de ley del senador Sergio Godoy

(ANR, cartista), que los prohíbe, y, que por ende, cada uno de ellos fuera a lo sumo igual o inferior a 37.908.800 guaraníes mensuales. El ahorro aumentaría si se eliminaran de una vez por todas las remuneraciones adicionales, esos rebusques que autoridades y legisladores aprueban para mantener contenta a su clientela, y gracias a las cuales serían 1.585 los funcionarios que ganan más que el Jefe del Poder Ejecutivo, según otro informe del mismo ministerio. La ley que declaró el estado de emergencia suspendió “temporalmente” el pago de las subvenciones por casamiento, ayuda vacacional y ayuda alimenticia, englobadas bajo el concepto de subsidios familiares, unas ventajas de las que carecen los trabajadores del sector privado y que verdaderamente trabajan para justificar sus salarios. Lo que se debe hacer es suprimirlas, al igual que las gratificaciones o aguinaldos extras y las no menos absurdas bonificaciones por responsabilidad en el cargo, por presentismo o por

gestión presupuestaria, entre otras denominaciones ingeniosas del sobresueldo, no pocas veces cobrado en forma indebida. Según denunció la prensa, tal sería el caso del presidente del Indert, Mario Vega, cuyo sueldo de 22 millones de guaraníes y sus gastos de representación de 2.851.200 equivalen a los de un ministro, pero terminaba ganando mucho más que el Jefe de Estado porque también habría cobrado remuneraciones adicionales solo previstas para algunos subordinados, que luego dejó de percibir.

Los abusos en esta materia son numerosos. Se llega al colmo de que, aparte de las “horas extraordinarias”, hasta los viáticos son para muchos funcionarios una

fuente de ingresos más o menos permanentes, asignados por sus jefes con toda discrecionalidad. Se tenía la esperanza de que la proyectada Reforma del Estado corrija este desbarajuste que supone tanto un malgasto

como una grotesca violación del art. 34 de la Ley Nº 1626/00, pero también esa iniciativa parece que va

camino a terminar en aguas de borraja. Según la mencionada norma, la remuneración de los funcionarios, fundada en la clasificación de los cargos, debe responder al “principio de igualdad entre quienes cumplen tareas similares”. Entre las atribuciones de la Secretaría de la

Función Pública, previstas en el art. 96 de la misma ley, figuran las de “asesorar a organismos y entidades del Estado para la racionalización en materia de escalafones y proponer criterios para la formulación de la política de remuneración”. Si las ejerció alguna vez, fue olímpicamente desoída, al menos por el presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Ramón Retamozo, y por los miembros del Directorio. Ocurre que aprobaron un anteproyecto de Presupuesto para el próximo año que incluye un aumento salarial de hasta el 20% para los funcionarios que hoy cobran el salario mínimo. Es decir, mientras la crisis sanitaria ha inducido a algunos recortes como los previstos en la Ley Nº 6524/20, que también suspende “temporalmente” el aumento salarial previsto en el Presupuesto vigente, los capitostes de dicha entidad quieren ser generosos con el dinero ajeno sin más razón aparente que la de sobornar al personal que hoy estaría criticando su labor. Quiere aumentar sus costos fijos tal como lo hizo, bajo su actual presidente, al nombrar irregularmente, con sueldos de entre 1.200.000 y 19.000.000 de guaraníes, a no menos de cien funcionarios, entre ellos Cirilo Cuevas, hermano del cuestionado diputado Miguel Cuevas (ANR, abdista) y jefe político de Retamozo, hoy en prisión preventiva.

Claro que lo que ocurre en la ANNP no es nada insólito. Solo revela, una vez más, que la administración pública es un coto de los politicastros ansiosos de satisfacer a sus respectivas clientelas, a costa del contribuyente. Y, claro, los beneficiarios de semejante prodigalidad se aferrarán a sus prebendas, resistiendo cualquier reforma del Estado que apunte a poner a la administración pública al servicio del pueblo, invocando derechos adquiridos contra la ley, la razón y la decencia. No solo la clientela política se beneficia escandalosamente del dinero de los contribuyentes, sino los mismos hombres fuertes que se instalan en cada Gobierno, como el senador Silvio Ovelar (ANR, abdista), quien con su esposa, Magnolia Mendoza, totalizan cerca de 150 millones de guaraníes al mes. Solo el fuerte y perseverante repudio público de los ciudadanos y las ciudadanas a los privilegios inadmisibles, mientras la mayoría de la población sufre de privaciones, como lo está desnudando la pandemia, puede hacer que haya un poco más de justicia en nuestro castigado país.