Policía acusado de agredir a mujeres en el 31M conocería hoy su suerte
Con la declaración de las víctimas arrancó ayer el juicio oral contra el suboficial 2º Fernando Agüero Benítez, acusado por lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas.
El suboficial 2º de Policía Fernando Agüero Benítez enfrenta juicio oral tras ser acusado por la Fiscalía por supuestamente agredir física y psicológicamente a dos mujeres, el 31 de marzo de 2017, en el marco de las manifestaciones en contra del intento de enmienda de la Constitución Nacional, en cercanías del Congreso.
Blanca Brizuela, una de las víctimas, relató ante el Tribunal de Sentencia que junto a su hermana Diana fueron esa noche hasta el microcentro para ver lo que estaba ocurriendo, pero no participaron de la medida de protesta. Aseguró que en ningún momento intentaron correr al ver a los policías cascos azules.
“Entre las calles Palma e Independencia Nacional, con mi hermana ingresamos al local de una farmacia, para resguardarnos porque vimos que la gente empezó a correr del asedio policial, y ahí nos quedamos”, dijo la mujer. Resaltó que de dicho lugar fueron sacadas de manera violenta, golpeadas sin razón alguna por parte de los uniformados.
Blanca puntualizó que el acusado, quien no portaba casco y usaba el chaleco antibalas, les repetía que por ser mujeres debían estar en sus casas, no en la calle en una manifestación. “Nos propinó patadas, golpes de puño y con la cachiporra, y me decía que no iba a sentir nada porque soy una gorda”, señaló la mujer.
El juicio oral y público continúa hoy, desde las 8:00, con la producción de pruebas documentales. Posteriormente, las partes presentarán sus alegatos finales y, si hay tiempo, el tribunal integrado por los jueces Sandra Farías, Carlos Hermosilla y Héctor Escobar daría a conocer hoy mismo la sentencia.
El Ministerio Público está representando por la agente fiscal Silvia Cabrera.
Agüero Benítez se expone a una condena de hasta cinco años de pena privativa de libertad, teniendo en cuenta que está acusado por lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas.