Consejo para agricultura familiar
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó el Decreto 3929 por el cual se reglamenta la ley n° 6286/2019 “de defensa, restauración y promoción de la agricultura familiar campesina”.
Señala que la autoridad de aplicación es el Viceministerio de Agricultura Familiar Campesina (VAF), dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que será el encargado de la gestión de las funciones
También autoriza al MAG para que establezca la estructura organizacional, recursos humanos, financieros y patrimoniales, necesarios para el VAF, absorbiendo para tal efecto, la Dirección de Apoyo a la Agricultura Familiar, a fin de brindar un equipo técnico compuesto por profesionales de planta del MAG, vía resolución ministerial.
El Sistema de Defensa, Restauración y Promoción de la Agricultura Familiar Campesina (Siproaf) estará presidido por el VAF. Refiere que el Siproaf estará integrada por MAG, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda, entre otras instituciones.
También establece que los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales podrán formar parte del Siproaf, con arreglo a sus respectivas leyes constitutivas, a través de representantes designados, en cada caso.
Sus atribuciones son diseñar políticas públicas y, según corresponda, grupos temáticos, diferenciados en concordancia con los preceptos del sistema de defensa, restauración y promoción; bienes naturales y ambiente; procesos productivos y de comercialización; desarrollo tecnológico, asistencia técnica, investigación; educación, formación y capacitación; infraestructura y equipamientos rurales, políticas sociales e instrumentos de promoción. Además, acordar los planes, programas y proyectos en el marco de la política nacional, según finalidad y principios establecidos en la ley; y coordinar la gestión estratégica y el monitoreo de las principales metas prioritarias establecidas por el Ejecutivo.
Hasta ahora la Fiscalía no imputó al clan Ferreira por estafa y falsificación. Según comentan, la Fiscalía le dará largas al asunto para que se vaya enfriando, ya que Ferreira era un buen amigo y aportaba para la causa.
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Finalmente no corrió la estrategia de hacer creer que el policía que sale en el video de seguridad disparándole a Rodrigo Quintana no le disparó.
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Lo que nadie aclara hasta ahora es quién dio la orden a los policías de ingresar de manera ilegal e inconstitucional a la sede del PLRA disparando.
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A lo mejor, el ínclito diputado cartista Tadeito Rojas, entonces ministro del interior ahora devenido presidente de la comisión de Hacienda, podría dar algunos datos.
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Ojalá pida permiso al “patrão” para contar la verdad y que no sigan tratando de convencer de que al cambiarse de lugar el casquillo de una bala se alteró el curso del tiempo, del espacio y de los acontecimientos.
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El presunto gobernador Huguito Javier zafó de la condena por violar la cuarentena comprometiéndose a donar G. 10 millones a varias instituciones. Lamentable lo de este personaje.