Afloran indicios de delitos en fallido proyecto Metrobús.

Las conclusiones preliminares presentadas el 3 de agosto en reunión virtual por el relator de la comisión bicameral que investiga el fracasado proyecto Metrobús, diputado Édgar Acosta (PLRA), muestran las filosas aristas de este iceberg sumergido en un mar de corrupción e impunidad. Según lo señalado por el diputado a sus colegas con referencia a algunas de las irregularidades detectadas, el proyecto fue aprobado sin que se tuviera un Plan de Gestión Ambiental (PGAS); que el BID estuvo al tanto de las denuncias de los frentistas antes del 26 de agosto de 2016, fecha en que fue impartida la Orden de Inicio de los trabajos, de que la franja de dominio del tramo a ser intervenido por las obras no estaba liberada. En tiempos de la dictadura stronista se cometieron innumerables atracos a las arcas públicas, sin consecuencias para los ladrones. El advenimiento de la democracia no ha propiciado el fin de la impunidad de quienes roban al Estado. No hay razón alguna para que los ciudadanos carguen una vez más con el fardo que les dejan funcionarios indolentes, ineptos o corruptos.

Las conclusiones preliminares presentadas el 3 de agosto en reunión virtual por el relator de la comisión bicameral que investiga el fracasado proyecto Metrobús, diputado Édgar Acosta (PLRA), muestran las filosas aristas de este iceberg sumergido en un mar de corrupción e impunidad. El mismo señaló que el informe final de 1.500 páginas y el correspondiente dictamen van a ser presentados el 14 de este mes. Según lo señalado por el diputado a sus colegas con referencia a algunas de las irregularidades detectadas, el proyecto Metrobús fue aprobado sin que se tuviera un Plan de Gestión Ambiental (PGAS), incumpliéndose así la cláusula B.5, de la normativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la información básica acerca de potenciales sujetos afectados por el proyecto y los daños colaterales a prever. El legislador agregó que el BID estuvo al tanto de las denuncias de los frentistas desde el 17 mayo de 2016, vale decir, antes del 26 de agosto de 2016, fecha en que fue impartida la Orden de Inicio de los trabajos. Esto confirma lo aseverado a la comisión bicameral por João Figueiredo y João Pedro Parreira, directivos de la empresa Mota Engil, contratada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para ejecutar los tramos 2 y 3 del proyecto. La irregularidad también fue admitida por el propio exministro de la cartera Ramón Jiménez Gaona. El relator confirmó además que la franja de dominio del tramo a ser intervenido por las obras no estaba liberada, tal como de hecho lo habían señalado en su oportunidad los directivos de la empresa contratista. Y lo que es más grave, no se contaba con un proyecto ejecutivo de ingeniería, lo que implicaba encarar los trabajos a los tumbos y, por tanto, dejar expedita la vía para las trapisondas burocráticas que encarecieron la obra mediante el escamoteo del dinero público (“gastos de contingencia”). Como colofón, la burda Adenda 4 agregó al proyecto la ejecución de los cableados subterráneos (zanja técnica), con lo que el costo total del contrato se incrementó en un 33 por ciento (US$ 18 millones). Según opinión del Ing. Herman Pankow, la Adenda 4 –calificada por él como “sobrefacturación”– viola la Ley 5133/13 que aprobó el contrato de préstamo que admitía un aumento del costo de hasta el 15 por ciento. El presunto delito de lesión de confianza fue denunciado ante el Ministerio Público el 18 de mayo de 2018, donde no tuvo mayor avance que la apertura de la carpeta fiscal. Hasta la fecha no hay un solo imputado. El informe preliminar del diputado Acosta destaca también que el MOPC no realizó las previsiones presupuestarias para el pago del ítem “zanja técnica”, por lo que recurrió a la estratagema de los “gastos de contingencia”, fondos que usó a su antojo. Finalmente, corroboró que el actual titular de la cartera, Arnoldo Wiens, no tomó las providencias administrativas enderezadas a deslindar responsabilidades por las irregularidades del proceso, pese a disponer para el efecto de una Auditoría Interna. Esta negligencia rayana en el encubrimiento despierta sospechas, porque la supuesta auditoría de gestión del fallido proyecto tardó más de un año en concluir, sin que se constataran delitos concretos. En tiempos de la dictadura stronista se cometieron innumerables atracos a las arcas públicas, sin consecuencias para los ladrones. El advenimiento de la democracia no ha propiciado el fin de la impunidad de quienes roban al Estado. Y es muy grave que, en este caso, los funcionarios locales y la empresa contratista hayan tenido la complicidad del BID, pues esta entidad crediticia internacional no debería haber realizado los desembolsos antes de que estuvieran finiquitadas las condiciones para el normal desarrollo de la obra. En efecto, del informe preliminar emitido por el diputado Acosta se desprende que el BID participó del contubernio a sabiendas de que las franjas de dominio no estaban liberadas. No se lo puede llamar de otra manera, pues tanto el exministro Jiménez Gaona como los directivos de Mota Engil admitieron también orondamente que sabían de ese obstáculo. Pese a ello, todos se pusieron de acuerdo para que se inicien los trabajos, que solo podían terminar en un estruendoso fracaso. El legislador viene insistiendo desde hace varios días en que el colegiado de investigación debe remitir los resultados a la Fiscalía General del Estado, pero no recibe el apoyo de sus integrantes, salvo el del senador Amado Florentín (PLRA). La senadora Zulma Gómez (PLRA) apenas participa de las reuniones, en tanto que el senador Enrique Bacchetta (ANR) y el diputado Hernán Rivas (ANR) muestran un mínimo interés. Al parecer, la mayoría de los miembros de la Comisión está tratando de blanquear a los responsables del fiasco, que dañó a tanta gente y que seguirá pesando sobre los contribuyentes por el préstamo que debe ser pagado. No hay razón alguna para que los ciudadanos carguen una vez más con el fardo que les dejan funcionarios indolentes, ineptos o corruptos. ¡Que cada cual rinda cuentas de sus actos!