Otras políticas, otros políticos
Las políticas de educación de cualquier gobierno afectan directa e indirectamente a las demás políticas del país. Si las políticas de educación son anacrónicas, están fuera del tiempo y sus exigencias, el país entero queda estancado a la orilla de la historia y al margen del desarrollo de las naciones.
La educación auténtica y de calidad define, de acuerdo con la sociedad, el tipo de hombre y mujer que se quiere sean hijas e hijos cuando egresen de la educación escolar y superior; e igualmente decide qué tipo de sociedad formarán, qué competencias incubarán para que sean protagonistas de una nación en constante desarrollo sostenible y los prepare para que sean actores exitosos de ese proyecto ideal de nación.
La sociedad sabe por experiencia que sin educación no hay ningún posible desarrollo, ni personal, ni social, ni político, ni económico, ni moral, ni cultural, ni religioso. Sin educación no sabrá ser ciudadano del mundo y vivirá en la pobreza radical que supone el subdesarrollo personal y la acumulación de las ignorancias.
Por todo esto, decimos que las políticas de educación, acertadas y desacertadas, afectan a las demás políticas. Definir las políticas de educación de un gobierno es tarea de altísima responsabilidad, propia de expertos, ya que ellas con su realización proyectan y gestan lo absolutamente más importante de la nación, sus ciudadanos, y lo hacen en el presente y desde el presente, para el futuro. Según el acierto o desacierto de las políticas y su ejecución, se eleva o se hunde la nación.
La educación formal de nuestro país está clasificada por organismos internacionales acreditados en los últimos puestos de América Latina. Nuestros gobernantes y los políticos con poder nada hacen para sacarnos de la marginación, y la administración del sistema y sus políticas están frenando el ritmo de los urgentes cambios necesarios.
Observando lo que el Gobierno hace en educación, se constata una alarmante política reduccionista del ámbito de la educación. Operativamente la gestión del Gobierno, regida por el ministro de Educación y Ciencias a las órdenes del Presidente del Gobierno, (artículos 240 y 242 de la Constitución Nacional) se ha reducido en la práctica a la gestión de la educación escolar, los hechos demuestran que el ministro no gobierna las universidades, que de hecho este Gobierno no tiene políticas educativas universitarias, que cada universidad camina a su aire sin contribuir a definidas políticas comunes que respondan a los planes de desarrollo de la nación (como exige la Constitución Nacional), sino que el abandono y recorte del Gobierno a su obligada responsabilidad convierte la autonomía de las universidades en abusiva soberanía. Negligencia del Gobierno tanto más grave cuanto mayor es el caos universitario y más trascendental es la importancia y responsabilidad de las universidades para el progreso de las ciencias, las humanidades, las profesiones y el desarrollo del país.
Es inaceptable que el ministro de Educación escandalice con su política legal. En todos los países respetables es el ministro y su ministerio quienes proponen y promueven en el Congreso las leyes de su sector. Aquí el conjunto de leyes sobre educación es gravemente deficitario y nada hace el ministro por mejorarlo. Mucho peor, el ministro, que juró cumplir y hacer cumplir, incumple no pocos artículos de distintas leyes. Para prueba basta un ejemplo. La Ley 1264/98 general de educación dice: “Las autoridades educativas nacionales, departamentales y municipales proveerán un servicio de educación campesina y rural formal, no formal y refleja. Se buscará la educación del hombre campesino o rural y la de su familia, ayudándole a su formación como agente activo del desarrollo” (a.70).
La pregunta obvia es: ¿Dónde están y cuáles son, Sr. ministro responsable de todo el sistema educativo, las políticas de educación campesina y rural en los ámbitos nacionales, departamentales y municipales?
Políticos y funcionarios corruptos instalan el hampa en los tres poderes del Estado y destruyen el país, como ha dicho la diputada honesta Rocío Vallejo, ante este panorama, ¿cuáles son las políticas de educación escolar, superior y permanente de adultos que exige la Constitución Nacional?
Necesitamos otras políticas educativas y otros políticos que produzcan, promulguen y cumplan solamente leyes justas propias de un Estado de Derecho.