Gastos sociales de Itaipú y Yacyretá deben ser fiscalizados por el Congreso.

En su última sesión, la Cámara de Diputados cometió la infamia de rechazar, por amplia mayoría, un proyecto de ley que incorpora al Presupuesto General de la Nación los “gastos socio-ambientales” de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, hasta hoy asignados por los respectivos directores generales paraguayos –y estos, sin duda, a instancias de las más altas autoridades nacionales–, sin intervención del Congreso. La plausible iniciativa –aprobada por el Senado también por holgada mayoría– busca que esos fondos, equivalentes en total a unos 700.000 millones de guaraníes anuales, solo sean invertidos en obras de infraestructura eléctrica, sanitaria y educativa, quedando excluido el financiamiento de los gastos rígidos del Estado. Se dirá que, de igual manera, serán los legisladores quienes distribuirán luego los fondos en el Presupuesto nacional, pero al menos se producirá en sesiones públicas, donde podrán ser objeto de cuestionamientos, lo que no es posible cuando las decisiones se toman en las herméticas administraciones binacionales.

En su última sesión, la Cámara de Diputados cometió la infamia de rechazar, por amplia mayoría, un proyecto de ley que incorpora al Presupuesto General de la Nación los “gastos socio-ambientales” de las entidades binacionales de Itaipú y Yacyretá, hasta hoy asignados discrecionalmente por los respectivos directores generales paraguayos –y estos, sin duda, a instancias de las más altas autoridades nacionales–, sin intervención del Congreso. La plausible iniciativa –aprobada por el Senado el 13 de mayo, también por holgada mayoría– busca que esos fondos, equivalentes en total a unos 700.000 millones de guaraníes anuales, solo sean invertidos en obras de infraestructura eléctrica, sanitaria y educativa, quedando excluido el financiamiento de los gastos rígidos del Estado. Es cierto que tal disposición podría ser ignorada en la ley presupuestaria, tal como se dejan de lado los requisitos exigidos por la Ley Orgánica Municipal al crear un municipio, pero al menos es de esperar mayor transparencia y legitimidad a la hora de distribuir el dinero de todos.

Como las deliberaciones sobre el Presupuesto son públicas, es posible conocer y criticar de antemano los criterios que tienen los poderes políticos para destinar ciertas sumas a determinados órganos; en cambio, la ciudadanía no puede saber los motivos que inducen a Ernst Bergen ya Nicanor Duarte Frutos, por ejemplo, a apoyar a unas entidades públicas o privadas y no a otras, ejecutando una política ambiental y social concebida en la oscuridad por ellos mismos. Lo que importa es poner fin al manejo arbitrario de unos fondos que no pertenecen a ningún jerarca y, a la vez, recuperar una porción de soberanía enajenada a cambio de un “soborno” para que los derechos del Paraguay no sean bien defendidos. Sobre todo, en lo que respecta a los “gastos socio-ambientales”, las entidades binacionales han venido actuando como si fueran Estados independientes, enclavados entre el territorio paraguayo y el de un país vecino.

Nadie que ejerza la función pública debe decidir, por sí y ante sí, el destino de los fondos de cuya administración se ocupa. De hecho, los diputados en mayoría desean que los directores ejecutivos sigan haciendo lo mismo, distribuyendo dádivas para que supuestamente se precautele el ambiente y se satisfagan demandas sociales, pero que muchas veces se destinan a los fines más insólitos. Sostienen el cuestionable argumento de que el proyecto de ley en estudio colisiona con los tratados de Itaipú y Yacyretá, como si la inclusión en el Presupuesto nacional de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) hubiera exigido la previa renegociación del tratado. Que una ley lo disponga también con respecto a los “gastos socio-ambientales” no implicaría afectar los derechos brasileños o argentinos, sino, en todo caso, los que hoy ejercen Bergen y Duarte Frutos, tal como lo hicieron sus antecesores. En todo caso, como nuestros socios han venido consintiendo dichas erogaciones, lo que se haría es simplemente formalizarlas con la intervención del Poder Legislativo.

La pregunta que se impone es por qué la Cámara Baja se opuso a ello, y la respuesta habría que buscarla en el interés de muchos de sus miembros en echar mano al dinero de todos, mediante tratativas con los directores ejecutivos, con fines esencialmente político-partidarios. Esta cuestión está ligada al descontrol reinante, lo que sugiere la necesidad de que los “gastos socio-ambientales” sean incorporados al Presupuesto nacional, incluso para facilitar la tarea de la Contraloría General de la República. En efecto, entre agosto de 2013 y abril de 2019, las entidades binacionales repartieron, sin ningún control ciudadano ni institucional, la astronómica suma de unos 1,6 billones de guaraníes en concepto de “gastos sociales” y publicidad. Se llevó la palma Yacyretá, con 885.000 millones y no fue ninguna casualidad que el dispendio haya aumentado en 2015 y 2017, años en que se realizaron comicios internos y municipales.

Estos datos, proveídos a este diario de mala gana, en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, ilustran la necesidad de que el Senado ratifique su decisión por mayoría absoluta –23 votos– y que en la Cámara Baja no se logre la mayoría absoluta de dos tercios –53 votos– para volver a rechazar la atinada iniciativa. La falta de transparencia, de legitimidad y de control tornan imperioso que los “gastos socio-ambientales” sean resueltos por los Poderes encargados por la Constitución de presentar el proyecto del Presupuesto nacional, de sancionarlo y de promulgarlo. Nuestros directores ejecutivos en las usinas hidroeléctricas no deben seguir actuando como les dé la gana, sin excluir que se crean obligados a retribuir favores políticos con erogaciones que apunten al interés particular de sus correligionarios o al institucional de su partido.

En suma, para que los “gastos socio-ambientales” no continúen siendo usados como moneda de cambio político, especialmente para fines electorales, urge que sean destinados por los órganos constitucionales competentes a los razonables fines propuestos en el documento en estudio. Se dirá: pero si los mismos legisladores serán quienes aprobarán luego la distribución del dinero en el presupuesto. Es cierto, pero con la diferencia de que al menos las discusiones parlamentarias serán públicas y podrán ser objeto de observaciones y cuestionamientos, lo que no es posible cuando las decisiones son tomadas entre cuatro paredes en las herméticas administraciones binacionales.