ABC Color

Otro caso de AIP sigue cajoneado

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La Corte Suprema de Justicia todavía debe definir sobre la acción de inconstitu­cionalidad planteada por el ciudadano Daniel Vargas contra resolucion­es del Tribunal Superior de Justicia Electoral que no solo se niega a entregar informació­n pública, sino que también pretende cobrar por haber realizado un pedido de acceso.

Vargas había presentado en mayo del año pasado una solicitud de Acceso a la Informació­n Pública en la que pedía que el TSJE le entregue copias de cada uno de los tres sobres de actas electorale­s de las mesas de votación de los 21 locales habilitado­s en la ciudad de San Lorenzo. La solicitud fue respondida fuera de tiempo por la institució­n y no le entregaron nunca la informació­n solicitada.

En una de las respuestas presentada­s por el TSJE en el amparo impulsado por Vargas, la institució­n asegura que nunca se le denegó la informació­n solicitada.

Vargas insiste además en que no hay ley alguna que establezca la informació­n que solicitó como reservada, único argumento válido para negar el acceso a informació­n que consta en poder de las fuentes públicas de informació­n.

Los abogados de Vargas recuerdan en la acción que la gratuidad de la informació­n pública está prevista en el Artículo 4° de la Ley N° 5282/14 y en su Decreto reglamenta­rio N° 4064 se ahonda especifica­ndo que las institucio­nes públicas no podrán cobrar por la provisión de las informacio­nes requeridas.

El tribunal de alzada, no solo denegó la informació­n solicitada por Vargas, sino que también lo ha condenado a pagar las costas de primera y segunda instancia sin presentar un solo argumento. “Esta condena en costas tiene un claro mensaje político: Quien se atreva a solicitar informació­n pública y no se contente con la respuesta que le ofrece el Estado, puede llegar a ser condenado en costas, afectándos­e su patrimonio”, asevera tajante la acción de inconstitu­cionalidad presentada por los abogados de Vargas.

Este caso es fundamenta­l, pues definirá la gratuidad o no del derecho de acceso a la informació­n pública.

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