Se debe poner fin a la rapiña en las licitaciones públicas.
Las contrataciones públicas son una inagotable fuente de corrupción, gracias a la alianza estratégica forjada a lo largo de décadas entre proveedores y autoridades. Los Gobiernos se suceden, pero el contubernio persiste, como si las licitaciones amañadas y las sobrefacturaciones anexas fueran prácticas legitimadas por la costumbre. Hasta existiría una división de trabajo, según la cual ciertos organismos establecen un vínculo especial con algún oferente, como se evidenció en el Ministerio de Salud Pública y en el IPS. O sea que los lazos pueden estrecharse, según el interés de la máxima autoridad de una entidad pública e, incluso, el de los funcionarios de la Dirección de Administración y Finanzas. Es auspicioso saber que la DNCP está elaborando un proyecto de ley para actualizar la vigente en la materia. Es de esperar que toda iniciativa legal que se encare en este campo no sea otra vez propicia para ser vulnerada por todos los costados por los sinvergüenzas y sus padrinos que acaparan las contrataciones del Estado, mediante el delito compartido del soborno, como viene ocurriendo.
Las contrataciones públicas son una inagotable fuente de corrupción, gracias a la alianza estratégica forjada a lo largo de décadas entre proveedores y autoridades. Los Gobiernos se suceden, pero el contubernio persiste, como si las licitaciones amañadas y las sobrefacturaciones anexas fueran prácticas legitimadas por la costumbre. Hasta existiría una división del trabajo, según la cual ciertos organismos establecen un vínculo especial con algún oferente. Se evidenció, por ejemplo, que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social cultiva una antigua relación con las firmas Eurotec SA e Imedic SA, hasta el punto de ignorar la ley y el pliego de bases y condiciones para anticiparle 17.000 millones de guaraníes en unas cuestionadas licitaciones realizadas en medio de la actual pandemia, regalo este que el empresario Justo Ferreira habrá sabido agradecer.
En el campo sanitario, también el Instituto de Previsión Social tiene sus proveedores dilectos, como la familia Chamorro, experta en seguridad y sobreprecios. Ahora surge el emprendedor joven Juan Andrés Campos Cervera, que bajo la actual administración ya ha ganado licitaciones por 56.689 millones de guaraníes, superando así largamente los 2.856 millones de guaraníes que se le adjudicaron en concursos de oferta realizados entre 2011 y 2018. O sea que los lazos pueden estrecharse, según el interés de la máxima autoridad de una entidad pública e incluso el de los funcionarios de la Dirección de Administración y Finanzas. El nombre de la firma –Engineering SA– es engañoso, ya que no solo construirá una subestación para un hospital, sino que también venderá “kits” de protección contra el coronavirus, tras haber suministrado muebles, sábanas y frazadas. Se trata así de un proveedor multifuncional, que no requiere exhibir una larga experiencia en cierto campo. Igual ocurre con las “empresas de maletín” creadas para vender al Estado cualquier cosa, presentando, en el mejor de los casos, la oferta más baja que, no obstante, puede superar el precio de mercado.
Como dijo el jefe de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, “estamos en un sistema de selección de ofertas que apunta solo al producto más bajo; no se puede juzgar la calidad”. Sin embargo, la Ley Nº 2051/03 faculta a la DNCP a “verificar la calidad de los bienes, servicios y obras contratados”. Es que lo barato puede salir caro. Conste que la misma normativa dice que “la Convocante adjudicará al participante que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos (…), que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato (…). Si dos o más ofertas son solventes porque han cumplido la totalidad de los requisitos, el contrato se adjudicará a quien presente el precio más bajo”. Esto implica que el costo es el último criterio a considerar, aunque la opinión pública, a juzgar por la antigua experiencia, crea lo contrario y, de hecho, las convocantes solo atiendan el precio.
Suele ocurrir también que las licitaciones son “direccionadas” mediante un pliego de bases y condiciones a la medida de algún oferente, pese a que la ley citada dispone que ellas sean amplias para que haya el mayor número de oferentes y que, a la vez, sean “claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante”. Es un punto clave, que a veces genera protestas de los eventuales oferentes. Estas denuncias no son más frecuentes quizá porque, aparte de la división del trabajo antes referida, muchos proveedores temen malquistarse con los que mandan por objetar alguna etapa de la contratación.
A propósito, la DNCP puede investigar de oficio o por denuncia fundada y hasta suspender el procedimiento. Con todo tino, su jefe lamenta que la inhabilitación de una firma proveedora solo pueda extenderse desde tres meses hasta tres años y, sobre todo, que la sanción no afecta a sus directores, a sus accionistas ni a las empresas ligadas a ella, lo que conlleva que pueda reinventarse en otra o recurrir a una vinculada para volver a participar en una contratación. Para impedir trampas, es preciso reforzar los controles y alentar las denuncias, ya que, siempre según el jefe de la DNCP, solo es anulado el 7% de las contrataciones, aunque “hay un 30% de procesos que pudieron haberse llevado de mejor manera”.
Es auspicioso saber que dicho organismo está elaborando un proyecto de ley para actualizar la ley Nº 2051/03, modificada en 2007. En efecto, ya es hora de que rija una nueva normativa, considerando la experiencia acumulada y los principios de economía, eficiencia, igualdad, libre competencia, transparencia y publicidad, para que la ciudadanía sepa, entre otras cosas, quiénes integran los Comités de Evaluación y las Unidades Operativas de Contratación. No bastará con que las nuevas normas apunten a sanear las contrataciones, sino que también será necesario que sean efectivamente cumplidas para que no siga habiendo licitaciones que estén siendo evaluadas desde hace tres años, como lo recuerda también el titular de la DNCP.
La ley debería evitar tanto el reglamentarismo que trabe la presentación de ofertas como la laxitud que permita la arbitrariedad del órgano. Las buenas intenciones pueden ser molestas en algunos casos, como surge de que Petróleos Paraguayos carezca hoy de gas licuado, porque diez licitaciones fueron declaradas desiertas por falta de ofertas. Resulta que una nueva ley obliga a los abastecedores del Estado a presentar sus declaraciones juradas de bienes y rentas, documentos que, por lo visto, los proveedores de esa empresa nunca han presentado a la Subsecretaría de Estado de Tributación y que, por alguna ignorada razón, aparentemente no lo quieren hacer.
Es de esperar que toda nueva iniciativa legal que se encare en este campo no sea otra vez propicia para ser vulnerada por todos los costados por los sinvergüenzas y sus padrinos que acaparan las contrataciones del Estado, mediante el delito compartido del soborno, como viene ocurriendo.