SIP en “alerta” por violación de libertad
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió ayer una alerta en la que expresó su preocupación por el pedido de prisión planteado por la exviceministra de Tributación Marta González contra la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano.
“La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó que en Paraguay todavía se violen principios internacionales de libertad de prensa al perseguir a los periodistas con penas de cárcel por informar e investigar sobre irregularidades cometidas por funcionarios públicos”, señaló el comunicado emitido ayer.
La entidad señaló además que Paraguay es uno de los pocos países en los que no se han descriminalizado los delitos de difamación, lo que repercute negativamente sobre la debida transparencia de la gestión pública y en el trabajo de los medios de comunicación y periodistas, como viene pregonando la SIP desde hace décadas.
El presidente de la SIP, Christopher Barnes, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, expresaron que “nos preocupa el daño que se causa al trabajo periodístico y a la libertad de prensa con este tipo de estrategia de intimidación”. Agregaron que “este tipo de coerción se observa en países donde todavía no se han descriminalizado los delitos por difamación, un arma utilizada mayoritariamente por funcionarios públicos para mantener sin transparencia sus gestiones públicas”.
Barnes, director de The Gleaner Company (Media) Limited, Kingston, Jamaica, y Rock, director del portal La Silla Rota, Ciudad de México, recordaron que la descriminalización de los delitos de difamación ha sido robustecida por jurisprudencia y opiniones de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Barnes y Rock advirtieron, sin embargo, contra la inclinación en algunos países de que se soliciten indemnizaciones millonarias desproporcionadas, las cuales también tienen un efecto intimidante contra el trabajo de la prensa.
La extitular cartista de Tributación, Marta González, quedó molesta por publicaciones de ABC sobre su gestión como funcionaria pública. Su marido y abogado, Jacinto Santamaría, anunció que solicitarán penas privativas.