Bochornosos episodios con documentos adulterados siguen ensuciando al Paraguay.

El abogado brasileño Felicio Queiroz, asesor jurídico del exfutbolista Ronaldo De Assis Moreira (Ronaldinho) y de su hermano Roberto, formuló unas llamativas declaraciones que, a pedido suyo, han sido publicadas solo luego de que todos ellos hayan vuelto a su país. Vale aclarar que los hermanos no fueron víctimas de una enorme “injusticia”, como sostiene el defensor, pues el delito que se les atribuye fue flagrante y cometido a sabiendas. Lo que sí resulta razonable es el pedido del letrado brasileño de que “el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen, que sean diligentes y duros para investigar a los demás”. No es raro que en esta tragicómica historia hayan intervenido dos órganos que no se destacan por impedir ilicitudes en las áreas de su competencia, arriesgando tanto la seguridad interna como la de otros países. Lo más inquietante de las expresiones del abogado Queiroz: recién hace dos meses pudo enterarse de una serie de datos llamativos aún no investigados. En nuestro país hay delitos, pero no delincuentes. El rostro del Paraguay ya está lo bastante sucio como para continuar enlodándolo.

El abogado brasileño Felicio Queiroz, asesor jurídico del exfutbolista Ronaldo De Assis Moreira (Ronaldinho) y de su hermano Roberto, formuló unas llamativas declaraciones que, a pedido suyo, han sido publicadas solo luego de que todos ellos hayan vuelto a su país. Con toda evidencia, temía sufrir alguna represalia local por ciertos dichos que deberían inducir a los organismos estatales a hurgar mucho más en el grotesco caso del uso de documentos de identidad de contenido falso que estalló hace seis meses y puso en evidencia la ineptitud o la corrupción de funcionarios del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional (DIPN) y de la Dirección General de Migraciones (DGM).

Vale aclarar que los hermanos no fueron víctimas de una enorme “injusticia”, como sostiene el defensor, pues el delito que se les atribuye fue flagrante y cometido a sabiendas, tanto que firmaron sus respectivos “pasaportes” recién al llegar al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y que en el de Ronaldinho constaba que tenía la nacionalidad paraguaya por naturalización. Es más, dudamos de que la Justicia brasileña sea tan benévola con algún paraguayo que viole tan flagrantemente las leyes de ese país.

Lo que sí resulta razonable es el pedido del letrado brasileño de que “el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen, que sean diligentes y duros para investigar a los demás”. Por de pronto, se sabe que entre estos figura la aún prófuga Dalia López, dueña de un holding y presidenta de la fundación que auspició la visita del astro brasileño y que el 20 de septiembre de 2019 participó con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en un acto oficial realizado en San Juan Bautista del Ñeembucú. Entre “los demás” también está su pareja Luis Alberto Gauto, quien ante el empresario acompañante Wilmondes Sousa Lira –hoy imputado– se jactó de lo mucho que “mandaba” en el aeropuerto internacional de nuestra capital, porque también su interlocutor pudo ingresar al país con una falsa cédula de identidad paraguaya. Sousa Lira, quien días antes habría enviado la documentación a los hermanos, reveló además que Roberto esperó quince días para obtener sus “papeles”, pues “faltaba la firma de un inspector que se había cambiado”, según le contó a su esposa, Paula Oliveira, la empresaria promotora del viaje, quien también le habría escrito que “el director (del DIPN) faló que mañana después del mediodía estarían entregando los documentos”. Estaríamos así ante un descarado tráfico de documentos falsos realizado en las mismas entrañas de la Policía Nacional, lo que, sin embargo, no ocurre por primera vez, según episodios anteriores.

Sería bueno que el Ministerio Público identifique a ese “director” uniformado, hasta hoy desconocido. ¿Se trató del propio jefe del DIPN, comisario principal Inocencio Escobar, a quien el entonces jefe de la DGM, Alexis Penayo, habría informado que los documentos eran apócrifos, tras su presentación a los subordinados apostados en el aeropuerto? Lo mismo habría reportado por WhatsApp al ministro del Interior, Euclides Acevedo, recibiendo como respuesta un elocuente “kóre”. El ministro exculpó luego al DIPN y dijo que fue justamente esa dependencia la que denunció a la DGM la irregularidad del pasaporte de Ronaldinho. Como siempre ocurre, una “pasada de pelota” que al final diluye la responsabilidad de los funcionarios involucrados, quienes suelen continuar tranquilamente en sus cargos. En nuestro país hay delitos, pero no delincuentes.

Como sea, entre “los demás” aludidos por el abogado Queiroz también merecen figurar los funcionarios que permitieron el ingreso de los brasileños, pese a que constataron que los documentos de identidad eran irregulares o a que fueron informados de la adulteración del pasaporte, en particular. Se anunció que sería sumariado “todo el personal que tuvo que ver con este procedimiento”, sin que –cuándo no– hasta hoy se conozcan los resultados. Solo se sabe que aún no han sido imputados, a diferencia de un tal Víctor Manuel Cabrera, detenido casualmente por haber violado la cuarentena: fue imputado por haber obtenido de la DIPN un pasaporte que entregó a la coprocesada María Isabel Gayoso y llegó a las manos de la esposa de Sousa Lira, con los datos personales alterados. O sea que el documento era auténtico, pero de contenido falso, en tanto que las cédulas de identidad habían sido directamente falsificadas.

La DGM tiene como nueva jefa a María de los Ángeles Arriola, mientras que al frente del DIPN continúa el comisario principal Escobar. No es raro que en esta tragicómica historia hayan intervenido dos órganos que no se destacan por impedir ilicitudes en las áreas de su competencia, arriesgando tanto la seguridad interna como la de otros países. El narcotraficante Sergio de Arruda Quintiliano Netto (Minotauro) tenía una cédula de identidad paraguaya falsa, y Myra De Oliveira Athayde obtuvo una auténtica cuando su pareja, el “hermano del alma” Darío Messer, andaba prófugo. Por su parte, el criminal argentino Ibar Pérez Corradi –objeto de tan solo dos preguntas por la fiscala Sandra Quiñónez antes de ser enviado a la Argentina– compró una de un suboficial del DIPN, sin olvidar que el sanguinario narcotraficante brasileño Marcelo Piloto también se paseaba con un documento paraguayo auténtico de contenido falso. Por su parte, la DGM da permisos ilegales de residencia a personajes del crimen organizado, como Jarvis Chimenes Pavão, llegándose al colmo de que, según el defensor de Dalia López, los gestores de los documentos de los hermanos Assis Moreira depositaron para la DGM una “garantía” de 29.500.000 guaraníes por cada uno de ellos en una cuenta del Banco Nacional de Fomento.

Quede para el final lo más inquietante de las expresiones del abogado Queiroz: recién hace dos meses pudo enterarse de una serie de datos llamativos aún no investigados, como el hecho de que la DGM ya sabía de la irregularidad de los documentos 48 horas antes de que los hermanos llegaran al país. Tales documentos habrían sido “adulterados dentro del Gobierno” y Ronaldinho sería solo “la punta de un iceberg”. Dijo, en fin, que “nosotros tenemos curiosidad e interés en saber quiénes son los responsables”, como bien podrían ser aquellos que habrían montado una operación de lavado de dinero, según sospecha la prensa internacional. La ciudadanía tiene la misma curiosidad y el mismo interés que el abogado, pues ya no es el caso de que documentos paraguayos sigan cayendo en manos de toda clase de gente, incluyendo terroristas internacionales, como ocurrió en el pasado. El rostro del Paraguay ya está lo bastante sucio como para continuar enlodándolo.