Publicación de las DD.JJ. es muy lenta
Dos meses después de que se iniciara el proceso de carga de las declaraciones juradas (DD.JJ.) de bienes de las más altas autoridades del país, la Contraloría General de la República no ha publicado siquiera el 10% de todos los documentos.
El órgano de control comenzó a cumplir el 24 de junio último la histórica sentencia de la Corte Suprema que estableció que las declaraciones juradas de patrimonios de quienes ocuparon los más altos cargos de la República entre 1998 y 2017 deben ser públicas. Según el contralor general Camilo Benítez, son alrededor de 150.000 documentos los que deben ser divulgados.
Hasta anoche habían sido levantados al sitio web de la Contraloría apenas 8.485 declaraciones juradas, menos del 10% del total.
El ente contralor empezó con todo el proceso de publicación, cuando el 24 de junio publicó unos 2.000 documentos. Sin embargo, desde entonces el proceso se volvió lento.
Por ejemplo, entre el lunes y ayer fueron publicadas apenas unas 20 declaraciones juradas. Esto es un promedio de cinco documentos por día. El mencionado organismo público cuenta con un plazo de 90 días hábiles para dar cumplimiento a la resolución de la Corte.
Gerentes cartistas no están
La Contraloría no incluyó hasta el momento, por ejemplo, los documentos que debieron haber presentado los asesores que fueron nombrados por decreto durante el gobierno de Horacio Cartes.
Desde la Contraloría señalaron que no corresponde la publicación de esos documentos debido a que la sentencia del Tribunal de
Apelación no incluyó a los asesores entre los altos funcionarios enumerados y cuyas declaraciones juradas debían ser publicadas.
Empero, en el pedido de acceso a la información pública planteado ya en 2017 por el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano, estaban incluidos taxativamente quienes ocuparon cargos de “ministros asesores del Poder Ejecutivo” entre 1998 y 2017.
Las sentencias judiciales hicieron lugar a lo requerido por nuestro compañero de trabajo, por lo que los documentos tendrían que ser proporcionados.
Uno de estos asesores era, por ejemplo, el diputado Basilio Núñez. Este fue “asesor político” de Cartes y es uno de los que intentaron frenar que la Corte determinara que se publiquen los documentos. Varios de esos asesores tuvieron papeles preponderantes, son muy criticados y tienen encima pesquisas judiciales.