La culpa no es del coronavirus
El nuevo viceministro de Salud, doctor Julio Borba, dijo que quieren elevar de 2.000 a 6.000 los testeos diarios de covid-19, con una inversión total estimada de 56.000 millones de guaraníes. Si lo cumplen, enhorabuena. Lo triste de la noticia es que se produce ¡seis meses después! de que se inició la cuarentena, se establecieron las estrategias epidemiológicas y se aseguraron los fondos para enfrentar la pandemia. ¿Qué hicieron en todo este tiempo?
El Gobierno de Mario Abdo Benítez tuvo desde un principio todo lo que pidió y todo lo que se requería para preparar el sistema de salud pública y atenuar el impacto del coronavirus sin tener que destruir el país.
Por un lado, tuvo el inestimable respaldo de la
población, que entendió la gravedad de la situación y demostró estar más que dispuesta a realizar el duro sacrificio que se le solicitaba, a costa de sus empleos, sus inversiones, sus libertades, y a adecuarse a las recomendaciones que se le indicaban. Y, por el otro, como nunca el Gobierno tuvo a disposición no solo los recursos necesarios, sino también las manos libres para utilizarlos rápida y eficazmente.
En tiempo récord se aprobó una ley de emergencia que tiene pocos antecedentes en la historia paraguaya. En cuestión de días se acordó un fondo de 1.600 millones de dólares, más que suficientes para enfilar los cañones y atacar vigorosamente la raíz del problema, que no era tanto el coronavirus per se, sino la incapacidad de dar una respuesta razonable cuando aumentara el ritmo de los contagios, algo que ya entonces se sabía inevitable.
Para ello se dejaron de lado principios básicos de prudencia macroeconómica que habían caracterizado y distinguido al Paraguay entre sus pares de la región. Se echó mano a las reservas internacionales del Banco Central, algo inadmisible en otras circunstancias, se desbordó el déficit fiscal, el endeudamiento público se disparó al 35% del PIB, lo que deja al Estado prácticamente sin margen de maniobra hasta nuevo aviso para construir la infraestructura que se necesita para el desarrollo nacional. Se le proporcionó al Gobierno no solo el dinero, sino todas las herramientas excepcionales para aplicarlo a discreción en los fines previstos, incluyendo una amplia flexibilización de las normas de contrataciones, con la ingenua ilusión de que primaría el patriotismo y no se querrían aprovechar de la circunstancia para medrar con el sufrimiento de los paraguayos.
A la par de ello, se paralizó la economía, se cerraron las fronteras, se suspendieron las clases, se limitaron los espectáculos, el turismo, las reuniones sociales, las actividades deportivas, con todo lo que ello implica no solo en términos económicos, sino también en términos de salud física y mental, con el fin de darle al Gobierno, además de
la plata, el tiempo que pedía para prepararse. ¿Y todo para qué? Para que seis meses después nos digan que ahora están “en proceso” de adquirir reactivos para aumentar las muestras a 5.000 o 6.000 por día, cuando a estas alturas ya tendrían que estar por las
10.000 diarias por lo menos, según opinan muchos profesionales. Ello habría permitido identificar mejor a los infectados y así aislar a los enfermos, como tendría que ser lo lógico, y no a los sanos, como nos obligan en esta cuarentena interminable.
De los 1.600 millones de dólares de la ley de emergencia, se preveía entregar 600 millones al Ministerio de Salud Pública, cifra que luego se redujo a 491 millones por razones no del todo claras. En seis meses, con todo el país encerrado, el MSP ejecutó apenas el 8% de ese monto (38,7
millones), con la consecuencia lógica de que el sistema sanitario sigue casi tan precario como al principio.
Peor aún, de esos 38,7 millones de dólares ejecutados, 29,4 millones fueron para contratación de personal, sueldos y bonificaciones. Solamente 9,3 millones de dólares (menos del 2% del total) se utilizaron en insumos y equipos.
Al fin y al cabo la ley de emergencia solo sirvió para distribuir subsidios insustanciales que representaron una ínfima ayuda a un sector, pero ninguna solución para nadie, y para lo que eufemísticamente llaman “mantener el funcionamiento del Estado”, léase pagar los sueldos de los funcionarios públicos, a una amplia porción de los cuales ni siquiera se les está exigiendo trabajar. En este rubro sí hubo una ejecución casi perfecta del 97%.
El país lleva ya casi seis meses de restricciones ininterrumpidas a la circulación, al trabajo, al consumo y a las libertades individuales y ciudadanas, con un altísimo costo en términos económicos y sociales que todavía no estamos en condiciones de medir en su verdadera dimensión. Hay que esperar un fuerte aumento de la pobreza, una caída de la disponibilidad y la calidad del empleo, hemos dado claros pasos atrás en el camino hacia el desarrollo. En el mejor de los casos, tomará varios años de duros ajustes recuperar la situación de relativo equilibrio que se venía manteniendo, para volver a crecer sobre bases sólidas.
El costo también es altísimo en varios otros frentes, incluyendo a la propia salud pública al margen del covid, como lo prueba la lamentable atención que están recibiendo los enfermos renales y de cáncer, por citar dos ejemplos. Lo más fácil es culpar al coronavirus, y es lo que hace o intenta hacer permanentemente el Gobierno en general, y Mario Abdo Benítez en particular, pero la verdad es que no han estado a la altura y han defraudado las altas responsabilidades y la confianza que el pueblo ha depositado en ellos.