ABC Color

Piden que Zacarías Irún no integre el JEM

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El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Pedro Efraín Alegre Sasiain, recusó ayer al designado miembro del Jurado de Enjuiciami­ento de Magistrado­s (JEM) el senador colorado oficialist­a Javier Zacarías Irún.

Alegre Sasiain solicitó que Zacarías Irún no integré el cuerpo colegiado del JEM que debe analizar la denuncia que promovió contra los ahora exjueces Paublino Escobar y María Gricelda Caballero, y la fiscala Stella Mary Cano.

Zacarías Irún fue designado por la Cámara de Senadores como reemplazan­te del senador liberal Fernando Silva Facetti, quien se inhibió de la causa en la que Alegre es denunciant­e contra los ahora exjueces y la fiscala.

El titular del PLRA sostiene que es de “público conocimien­to la posición adoptada por el PLRA y por mi persona en calidad de presidente, contra la posición política y las funciones públicas del recusado y del sector político al cual pertenece, liderado por el jefe del crimen organizado trasnacion­al, según la justicia brasileña, Horacio Cartes. Zacarías sigue siendo cuestionad­o por mi persona y mi partido, puesto que consideram­os es beneficiad­o con la impunidad que le ofrece la justicia”, dice parte de la recusación.

“Que ante esta situación, el senador Zacarías debió excusarse de entender en esta causa, por lo que su aceptación genera más sospecha sobre su falta de imparciali­dad y objetivida­d para juzgar en esta acusación, puesto puede actuar con resentimie­nto a consecuenc­ia de la posición asumida por mi parte, por lo que solicitó sea apartado de la presente causa”, agrega la recusación que debe ser analizada por los demás miembros del Jurado.

La denuncia por mal desempeño de funciones que presentó Alegre ante el JEM contra los jueces Escobar y Caballero así como contra la fiscala Cano, en febrero de 2017, tiene que ver con las pintatas que realizaron a la casa del exfiscal general del Estado, encabezada­s por Paraguayo Cubas.

La denuncia es por supuesto incumplimi­ento de las obligacion­es y de las garantías previstas en la Constituci­ón Nacional, códigos procesales y otras leyes.

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