Audiencia preliminar sigue pendiente
Un Tribunal de Sentencia condenó anoche por unanimidad a tres funcionarios de la Cámara Baja que cumplían funciones en las viviendas del diputado colorado Tomás Rivas. Ahora se espera la audiencia preliminar del legislador para saber si enfrentará juicio por este caso.
Reinaldo Chaparro Penayo fue condenado a tres años de pena privativa de libertad, mientras que Lucio Romero Caballero y Nery Franco González cumplirán una condena de dos años seis meses de cárcel por el hecho punible de estafa, que fue cometida de manera reiterada, ya que cobraron salario de la Cámara de Diputados desde julio de 2016 hasta febrero de 2017, sin haber cumplido funciones en la sede legislativa.
El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Carlos Hermosilla (presidente), Héctor Fabián Escobar y Wilfrido Peralta, resolvió absolver a caseros del hecho punible de cobro indebido de honorarios, delito por el que también fueron acusados por
Hasta la fecha, sigue pendiente la audiencia preliminar del diputado colorado por Paraguarí Tomás Rivas, en la que se debe resolver si enfrentará o no juicio oral y público. El juez de Garantías, Raúl Florentín, espera que la Cámara de Apelaciones resuelva la última chicana planteada por la defensa la Fiscalía, porque no se cumplieron los requisitos para condenarlos por este delito.
La jornada de ayer se inició a las 8:00 y la sentencia se dictó cerca de las 22:00.
Según la investigación del fiscal Luis Piñánez, Reinaldo Chaparro Penayo ocasionó un perjuicio de G. 16.937.080 al patrimonio de la Cámara Baja; Lucio Romero Caballero causó un daño de G. 16.895.830 y Nery Franco González de G. 24 millones, por los meses que cobraron salario del Legislativo, pero que en realidad trabajaron para el diputado Tomás Rivas (colorado cartista), en la vivienda que este tiene en Lambaré y en su estancia en la ciudad de César Barrientos, departamento para
Rivas está acusado por los supuestos hechos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, por los que fue imputado fijar la diligencia. de Paraguarí.
El Ministerio Público demostró que los hoy condenados trabajan como caseros del parlamentario por la ANR mediante una pericia documentológica de las planillas de marcación en Diputados y un cruce de llamadas telefónica de los funcionarios con el legislador Tomás Rivas.
El abogado Jorge Bogarín, defensor del condenado Lucio Romero Caballero, adelantó que presentará una apelación contra el fallo del Tribunal de Sentencia, ya que considera que los elementos presentados por la Fiscalía durante el juicio no son suficientes para una condena por estafa. en mayo de 2018.
El miércoles pasado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó in límine una acción que planteó la defensa del parlamentario contra un fallo de la Cámara de Apelaciones. Ahora, un tribunal debe resolver la última apelación que presentó Rivas y que suspendió por cuarta vez la audiencia preliminar, el lunes 17 de agosto.
Una vez que se resuelva la apelación, el expediente debe bajar al Juzgado Penal de Garantías de Raúl Florentín, quien deberá fijar una nueva fecha para la diligencia, a fin de resolver si eleva o no a juicio oral la causa.