Tratan veto a indemnización
En la víspera se llevó a cabo una reunión donde participaron el ministro de Emergencia Nacional Joaquín Roa, el fiscal adjunto Augusto Salas, el viceministro de Asuntos Políticos Jesús Lara, el ministro del Ambiente Ariel Oviedo, el director de Gestión Ambiental de Asunción Ivo Brun y el asesor político presidencial Mauricio Espínola.
Lara indicó que la policía tiene potestad de arrestar a las personas sorprendidas iniciando una quemazón de
Hoy se tratará en la Cámara de Diputados el decreto Nº 3918 mediante el cual el Poder Ejecutivo objeta totalmente el proyecto de ley que contempla una indemnización para los gestores combatientes del 2 y 3 de febrero de 1989.
El tema fue incluido en el punto 7 del orden del día de la sesión prevista desde las 8:30.
Para el Ejecutivo, la propuesta pastizal o de basura.
El Fiscal Adjunto, por su parte, reconoció que es difícil identificar a los autores de las quemazones, pero con el trabajo conjunto con la Policía Nacional, se podrá cumplir con ello. Expresó que los sorprendidos in fraganti quemando, se exponen a una pena privativa de libertad de 3 a 8 años de prisión.
El titular de la SEN indicó que acordaron reunirse con el Consejo de Gobernadores y los Intendentes de manera de ley no es muy específica en cuanto a quienes serán los beneficiarios y a qué unidades pertenecían.
Al no estar clarificado esto, se puede prestar a confusiones. También cuestiona que no se especifica cuál será la entidad que emitirá la resolución o decreto de autorización de pago.
Respecto a la indemnización, mencionó que en el 2013 se estimó que habían a exigir a las Municipalidades que intervengan con sus respectivos personales en las quemas.
Espínola indicó que recibieron instrucciones del Presidente de la República para precautelar el medio ambiente evitando los incendios con medidas de prevención y el trabajo coordinado entre las instituciones involucradas.
Oviedo por su parte, insistió una vez más que no puede intervenir en los incendios. 1.417 potenciales excombatientes, sin incluir a la Policía ni a los herederos, lo que podría aumentar la cantidad de beneficiarios. Solo para la cifra señalada, el Ejecutivo refirió que se destinarían G. 239.000 millones, y que la propuesta no cuenta con sustento técnico para obtener recursos adicionales.
Advierte además que el ejercicio fiscal 2020 tendrá resultados deficitarios.