Por mayoría, Corte suprimió ayer el Consejo de Administración Judicial
La Corte Suprema de Justicia puso fin a la “era de oro” del Consejo de Administración Judicial, calificado en su momento por el ministro Manuel Ramírez Candia de “Consejo de Privilegiados”.
Con el voto de la mayoría de los ministros, finalmente quedó desintegrado ayer el Consejo de Administración Judicial –creado por Acordada Nº 865/13– que llegó a estar conformado por más de 40 funcionarios, entre ellos 3 consejeros con ingresos mensuales de G. 36 millones, reducido en los últimos tiempos a G. 27.240.000.
En una sesión extraordinaria realizada ayer, los ministros que integraron la comisión para estudiar su continuidad o no, Antonio Fretes, Eugenio Jiménez Rolón y Manuel Dejesús Ramírez Candia, coincidieron en que dicho órgano debía ser suprimido.
“No encuentro respaldo constitucional y legal que pueda darle legitimación a la estructura a la que estamos haciendo referencia. No es una cuestión de personas, es cómo encarar este tema en el contexto nacional. (...) No hay contextos constitucional ni legal”, explicó el ministro Eugenio Jiménez Rolón.
“Es inconstitucional porque se le asigna funciones propias de la Corte Suprema de Justicia y con una erogación dineraria que no se justifica, salarios superiores a los de los magistrados son una ofensa a la magistratura”, expresó el ministro Manuel Ramírez Candia.
También votaron por su eliminación los ministros Antonio Fretes, César Diesel, Gladys Bareiro y Alberto Martínez Simón.
La ministra María Carolina Llanes destacó la intención de su creación, que fue la de alivianar a los ministros la carga de la atención de temas administrativos, y señaló que el control técnico en tema financiero y administrativo no se debería perder. El ministro Luis María Benítez Riera, quien siempre defendió el Consejo, pidió también que no se suprima la función de control.
El ministro César Garay no estuvo presente, pero es conocida su postura contraria al CAJ, pues en ocasiones anteriores cuestionó duramente su existencia.
Asimismo, la Corte declaró el cese de comisionamiento de los funcionarios asignados al CAJ y su reintegro a las funciones que cumplían anteriormente. Falta definir el destino de los asesores.