EDITORIAL

Descarada perversión de las instituciones. Un nuevo escandaloso episodio puso de resalto, una vez más, la podredumbre que envuelve a los Poderes y organismos extrapoderes del Estado. Sus protagonistas ni siquiera ya se preocupan en guardar las apariencias, sino que actúan como asaltantes a cara descubierta. El resultado de todo ello es que el Gobierno de Mario Abdo Benítez, si todavía cabe, se desprestigia aún más, tanto por proteger a deslucidos personajes, como el ministro Eduardo Petta, como por complacer a su contraparte en la malhadada “Operación Cicatriz”, el expresidente Horacio Cartes, quien va consiguiendo ubicar a sus “peones” en puestos claves. El diputado Hernán Rivas fue designado representante de su Cámara en el JEM, con un título expedido por una universidad cuya carrera de Derecho aún no había sido habilitada por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), es decir, con un título “trucho”, validado por el Ministerio de Educación presuntamente gracias a una negociación que permitió que el ministro Eduardo Petta fuera librado del voto de censura de los diputados.

Un nuevo escandaloso episodio que salió a la luz pública puso de resalto, una vez más, la podredumbre que envuelve a los Poderes y organismos extrapoderes del Estado. Y sus protagonistas ni siquiera ya se preocupan en guardar las apariencias, sino que actúan como asaltantes a cara descubierta, seguramente pensando, como siempre, que la ciudadanía es boba y que sus acciones van a pasar desapercibidas. El resultado de todo ello es que el Gobierno de Mario Abdo Benítez, si todavía cabe, se desprestigia aún más, tanto por proteger a deslucidos personajes, como el ministro Eduardo Petta, como por complacer a su contraparte en la malhadada “Operación Cicatriz”, el expresidente Horacio Cartes, quien va consiguiendo ubicar a sus “peones”, como el diputado Hernán Rivas y el senador Javier Zacarías Irún , en puestos claves.

Precisamente, en un reciente editorial, criticamos la designación del senador procesado Zacarías Irún como miembro suplente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en representación de la Cámara que sigue deshonrando. Sería grotesco que jueces y agentes fiscales sean juzgados por quien habría falseado su declaración jurada de bienes y rentas, instigado el desvío de fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este e incurrido en “distracciones” que le valieron una multa de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Ahora resulta que,

pese a estar imputado, integraría el órgano colegiado para entender en la denuncia del presidente del PLRA, Efraín Alegre, contra el exjuez Paublino Escobar y la agente fiscal Stella Mary Cano, ambos de su feudo esteño.

La nefasta lógica política de la repartija del poder también inspiró, el 9 de junio último, la designación del referido diputado Rivas como representante de su Cámara en el JEM, tras la remoción irregular de su colega Ramón Romero Roa (ANR, abdista), partidario de dar a conocer las declaraciones juradas de bienes y rentas de los legisladores. Su ineptitud quedó evidenciada en su primera intervención en el pleno, cuando tuvo serias dificultades para leer un texto breve y sencillo. Por entonces, ya era de pública notoriedad que no podía ejercer la abogacía por carecer de la matrícula profesional que debe otorgar la Corte Suprema de Justicia. Sucede que su mismo título académico fue expedido por la Universidad Sudamericana, antes dirigida por el hoy ministro del Interior, Euclides Acevedo, cuando su carrera de Derecho aún no había sido habilitada por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES). Esto implica que el título de “abogado” del miembro titular del JEM es irregular,

“trucho” en la jerga popular. La universidad pidió la habilitación de la carrera recién el 1 de julio y hasta la fecha aún no ha sido “catastrada” por el CONES. Este órgano atribuye la meteórica “validación” irregular del título académico al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), encabezado por Eduardo Petta.

Aún más, el presidente del JEM, el senador Enrique Bacchetta, presume que la diligente gestión del MEC fue el fruto de una vulgar “negociación de alto vuelo” entre la Cámara Baja –con mayoría cartista– “y el ministro Petta y su gente”, para convalidar el cartón apócrifo, a cambio de que los diputados rechacen el voto de censura que pendía sobre el titular de Educación y Ciencias, ya decidido en el Senado. Se trató de un “golpe institucional”,

según el titular del JEM. Este sostuvo, además, que el ministro Petta “salió muy bien parado”, mientras que el diputado Rivas aseguró el título bajo el brazo.

El senador Bacchetta también habló de que la Corte Suprema de Justicia está dilatando una resolución sobre el caso Rivas, lo que impediría al JEM decidir en el asunto. Aludió, además, a la responsabilidad que tiene el Ministerio Público, que suele mostrarse renuente a actuar cuando se trata de un caso que involucra a altos personajes, sobre todo si son del entorno del expresidente Cartes. El titular del JEM dijo que la Fiscalía “debería operar de oficio, hacer una investigación a fondo”,

porque se trataría de la producción de un documento no auténtico –cuya visación por el MEC se produjo en 24 horas– y la inducción al error de toda una Cámara, pero con Sandra Quiñónez al frente es poco lo que se puede esperar.

La Corte debería resolver, cuanto antes, la atinada acción de inconstitucionalidad promovida por el diputado Romero Roa contra su remoción, debida a una supuesta “pérdida de confianza” y a unas “irregularidades” no especificadas. Queda claro que, aunque la acción fuera rechazada, el diputado Rivas no puede seguir integrando el JEM, por no ser abogado y por estar salpicado por la trama siniestra para convalidar su título. Como su permanencia en el cargo hace que las resoluciones de dicho órgano puedan ser impugnadas, como lo reconoció su titular, urge que sea removido si no tiene el decoro de renunciar. Por supuesto, también el ministro Petta debe irse a su casa, porque a su notoria ineptitud ha sumado una conducta vergonzosa, que raya en el delito.

Las instituciones se bastardean en función de una politiquería de la peor especie, que no respeta la Constitución ni atiende los atributos morales e intelectuales de las personas. Lo ocurrido, como bien lo sostuvo el senador Bacchetta, es un verdadero “golpe institucional”, que afecta a la Cámara Baja, a la Corte, al JEM, al MEC y al CONES, así como, por extensión, a los jueces y agentes fiscales que deben ser juzgados. El Paraguay se está pareciendo cada vez más a una republiqueta, en la que se trafica a costa del Estado de derecho para que muy altos cargos sean ocupados por unos cachafaces, para decir lo menos. El diputado y el ministro de marras no deben seguir pervirtiendo los órganos que integran, si para juzgar o educar es preciso cumplir con la ley y desempeñarse con dignidad.