Instan a rescatar a “fiscalía sometida al poder político”
Ciudadanos organizados en “Somos Anticorrupción Paraguay” exigen la salida de Sandra Quiñónez de la Fiscalía General. Sostienen que no se sienten representados por la misma, porque nunca impulsó una lucha frontal contra la corrupción y, además, evidencia su total sometimiento al poder político.
La abogada María Esther Roa, una de las cabezas visibles de “Somos Anticorrupción Paraguay”, explicó que el objetivo del movimiento ciudadano es rescatar al Ministerio Público, con la renuncia o destitución por juicio político de Quiñónez.
“Esta organización civil se compromete con el estado de derecho, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la lucha frontal contra la corrupción. Lo que pretendemos es una mayor participación ciudadana para exigir transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas por parte de las autoridades. Esto como parte de la lucha contra la corrupción y la impunidad que reinan en el país”, dijo.
Refirió que el objetivo principal es recuperar la institucionalidad del Ministerio Público, “que actualmente es manejado por el poder político”. “Esto es grave, porque además de representar a la sociedad es la que tiene que impulsar el combate a la
corrupción y la gran corrupción”, enfatizó Roa.
La abogado manifestó que todos fuimos testigos de que cuando asumió Quiñónez como fiscala general prometió luchar contra la corrupción. “Sin embargo, ni siquiera fortaleció la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, que sigue funcionando en un edificio viejo y abandonado, ubicado
en Chile y Haedo. Ni siquiera hay peritos en la unidad para acompañar el trabajo de los fiscales”, acotó.
“Como pretende combatir la corrupción si no fortalece la unidad especializada, que tiene que investigar los robos en 250 municipios, 17 gobernaciones, dependencias del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es imposible con 11 fiscales. Esto demuestra la falta de voluntad de la fiscala general”, puntualizó.
Roa resaltó que Quiñónez nunca abrió las puertas del Ministerio Público a la ciudadanía como disponen la Constitución, los acuerdo internacionales y la propia ley orgánica de la fiscalía.
La abogada recordó que la fiscala general, ni siquiera se animó a abrir de oficio una investigación a altos funcionarios que tuvieron un sospechoso enriquecimiento en el cargo. “Es una persona que no asumió su responsabilidad y no puede seguir al frente de una institución tan importante, que precisamente representa a la sociedad y que debe intervenir ante los escandalosos robos en instituciones públicas”, manifestó.
Insistió en que el principal objetivo es la salida de Quiñónez y que después van a pasar al Poder Judicial, el Jurado de Enjuiciamiento, el Consejo de la Magistratura y la Contraloría General, en donde “duermen las declaraciones juradas”.