Vecinos no quieren destrucción de camino que divide laguna
LIMPIO (Gladys Villalba Jara, corresponsal). Miembros de la comisión vecinal “Procamino industrial”, camioneros y pobladores del barrio San Francisco se manifestaron ayer a orillas de la laguna Cerro en desacuerdo con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable (Mades), de eliminar en 100 días el camino vecinal que divide al espejo de agua. Además, la comisión anunció que no pagará la multa de G. 800 millones impuesta por la cartera ambiental por supuestos delitos ambientales.
María Leticia Valenzuela Gómez, quien se presentó como la tesorera de la comisión vecinal, dijo que no asumirán la multa de G. 800 millones (10.000 jornales) por la división de la laguna y trasgresión de las leyes ambientales y aseguró que en marzo de 2019 el Mades emitió un documento en el cual la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental a cargo de Carolina Pedrozo, dice que “el proyecto en cuestión (la división de la laguna y construcción del camino) no requiere someterse al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental”.
Valenzuela manifestó que el Mades solo “trata de desviar la atención” y dejar de lado los trabajos de recuperación de la laguna Cerro. Los manifestantes dijeron que no destruirán el paso e instan a las autoridades municipales y del Ministerio a buscar otra alternativa como la construcción de un puente.
Por otro lado, días atrás, el fiscal Jalil Rachid imputó a Carolina Pedrozo por permitir la división del cauce hídrico para la construcción del camino vecinal que según los pobladores costó G. 480 millones que fueron solventados por la comisión, por los pobladores de la zona y empresarios.
El propietario de la curtiembre Waltrading, Rogelio Ferreira Martins, imputado por la contaminación de la laguna Cerro una vez más se excusó para no prestar declaración ante la jueza Carmen Román del Juzgado de Luque.
En coquetas viviendas de San Bernardino, entre el lunes 14 y ayer, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) detectó un total de 21 conexiones clandestinas. Los números de provisión y facturación no cerraban y considerando que años anteriores se dieron experiencias similares, la aguatera decidió en la semana verificar una zona de esta ciudad cordillerana.
Durante las intervenciones se constató que varias casas, comercios y obras en construcción contaban con conexiones que no reunían las condiciones técnicas y mucho menos legales.
Debido a esto, los técnicos del ente procedieron a la suspensión del suministro y retiraron los equipamientos instalados por los propietarios en forma irregular.
Sobre el punto, el gerente general de Essap, Carlos López, lamentó que se dieran estos hechos y aseveró que se establecerán determinadas multas a quienes hurtaron y alteraron el sistema de provisión de agua potable de la institución. Comentó que el año pasado también reportaron conexiones irregulares en esta ciudad veraniega, donde cada fin de año se reciente la escasez de agua.
La Essap tiene hasta el momento registrados a 4.000 usuarios en San Bernardino. A esto añadió que las conexiones clandestinas se registran además en Asunción y alrededores y que el ente tiene un volumen importante de pérdidas de agua, sea por conexiones clandestinas, caños rotos y otros motivos que por mes representan más de G. 20.000 millones.