La presión de hacer justicia
La justicia hoy tiene un gran problema y es que el descreimiento ciudadano sigue tan vigente.
Se pensó que con una Corte Suprema renovada comenzaría un proceso de transformación exterior con el que lograría ganar la confianza de la ciudadanía, pero hasta ahora parece ser todo lo contrario.
Es que las señales deben ser claras y contundentes, en todos los casos, sin excepción, gusten o no gusten.
En estos momentos, por ejemplo, la Corte no logra siquiera conformar la sala constitucional para que estudie una acción promovida por el diputado colorado Ramón Romero Roa, contra su remoción del cargo de representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Este legislador presentó la acción de inconstitucionalidad el 5 de junio de 2020 y como medida de urgencia pidió la suspensión de los efectos de la resolución tomada por la Cámara Baja.
A más de tres meses del requerimiento de la medida cautelar, la Corte ni siquiera logra estudiarla porque la ministra Gladys Bareiro se inhibió (es integrante del Jurado) y se espera la decisión de su colega César Garay Zuccolillo, de conocer si acepta o no esta responsabilidad.
En realidad esto no es nuevo. En el año 2015, a la Corte le llevó cuatro meses tomar una decisión sobre un medida cautelar y un año para dictar sentencia definitiva, en una situación idéntica
En ese momento, el afectado era Óscar González Daher y el beneficiado Enrique Bacchetta.
Y la coyuntura era similar El momento político hizo que a OGD se le retire el apoyo del entonces presidente de la República Horacio Cartes.
Cuando OGD logró la reconciliación con HC también la Justicia le fue favorable.
En esencia correspondía la reposición en el cargo, no por ser él, sino porque la representación ante el Jurado solo puede ser retirada por la vía del juicio político y no por una mayoría coyuntural.
Ahora le toca a Romero Roa al que a votazos le retiraron la confianza no solo porque no hacía caso al pedido de los correligionarios y también el de los liberales del Alto Paraná –de donde proviene el referido legislador– sino porque su salida fue producto de una jugada política.
Con su salida el cartismo no solo se aseguraba un lugar en el JEM, sino que tenía un voto asegurado para salvar al juez de Alto Paraná Marino Méndez –identificado con la familia Zacarías McLeod– cuya destitución se hacía inminente.
El ingreso del diputado Hernán Rivas fue oportuno para el efecto. Tan fuerte fue la acción política que una semana después la Corte premiaba con la confirmación en el cargo de magistrado al mismo Méndez.
Hay que separar los tantos y esto es lo que hasta ahora no puede hacer o no se anima la Corte: una cosa es lo político y otro lo legal.
La Corte debe pronunciar sobre esta medida cautelar. El peor error que comete es buscar ganar tiempo para medir la temperatura política.
Un fallo en tiempo y forma por parte del máximo tribunal, en este tipo de casos, constituye un mensaje de estímulo para los jueces inferiores, que también deben soportar la presión de llevar adelante incidentados procesos a políticos.
La Justicia para recuperar la confianza de la ciudadanía debe desprenderse de la atadura política. Debe comprender que aquello de la separación de poderes no debe quedar en el mero texto constitucional, sino que tiene que ser efectivo en las acciones.
Es repetitivo lo que señalamos, empero, más aun lo es que los ministros prometan una justicia independiente, pero que ella solo sea para cuando no haya actores o intereses políticos involucrados.
A un ministro de la Corte no le debe temblar el pulso para firmar un fallo. Pero está visto que le tiembla.
La confianza de la ciudadanía se ganará, cuando la Corte por ser la cabeza del Poder Judicial demuestre que la única presión que tiene es la de obrar conforme a la ley.