ABC Color

Publicacio­nes se refieren al manejo del dinero público

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La exvicemini­stra de Tributació­n, Marta González Ayala, presentó la querella contra la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo, y del periodista Juan Carlos Lezcano, molesta por publicacio­nes sobre el manejo de fondos públicos durante su administra­ción al frente de la SET.

En marzo de 2019, tras recibir documentac­ión que no había sido develada hasta ese momento, nuestro diario publicó una serie de materiales referentes a la licitación para la actualizac­ión del mecanismo de gestión tributaria conocido como Sistema Marangatu.

La SET entregó un contrato de US$ 3 millones al Centro Interameri­cano de Administra­ciones Tributaria­s (CIAT) durante la gestión de González Ayala.

Según quedó constancia en la página web de la Dirección Nacional de Contrataci­ones

Públicas, la adjudicaci­ón al CIAT se produjo sin haber competenci­a alguna, pues fue el único oferente que se presentó.

La justificac­ión fue que el CIAT era el único con la experienci­a requerida; sin embargo, el contrato fue tercerizad­o a favor de una empresa panameña, dejando de lado a firmas paraguayas.

De acuerdo a los datos que constan en el propio sitio web del CIAT, Marta González Ayala ingresó como miembro del consejo directivo de la organizaci­ón el 6 de mayo de 2014, nueve meses después de haber asumido como titular de Tributació­n.

A pesar de que el sistema Marangatu llevaba años colapsando y generando un sinfín de cuestionam­ientos, no fue sino hasta 2016 que la administra­ción de González Ayala decidió que era momento de actualizar el sistema tributario.

A pesar de ser sus técnicos los “únicos” con la capacidad para actualizar el sistema tributario, el CIAT terminó tercerizan­do el contrato que le otorgó el Estado paraguayo. Al final, la responsabl­e de realizar el trabajo informátic­o para el nuevo Marangatu fue una firma panameña llamada Ideati.

En su sitio web, esa empresa presume de haber sido la responsabl­e de la actualizac­ión del sistema tributario paraguayo, y en el apartado de “experienci­a” cita otros contratos, todos relacionad­os con Tributació­n. Empero, en la página web de Contrataci­ones Públicas la compañía panameña no aparece siquiera registrada como proveedora del Estado. Todos esos contratos llegaron de la mano del CIAT.

Todo lo citado fue parte de lo que molestó a la exvicemini­stra González.

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