Justicia pide captura de Rafael Correa
QUITO (AFP). La justicia de Ecuador ordenó la captura del expresidente Rafael Correa, quien vive en Bélgica, tras haberse confirmado la condena a ocho años de prisión por corrupción, informó el tribunal que dictó la sentencia
La decisión judicial implica también la inhabilitación de por vida de Correa a desempeñar cargos de elección popular, cuando el exmandatario aspira a participar en los comicios previstos para febrero.
Correa, quien gobernó entre 2007 y 2017, solicitó por internet al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de su candidatura a la vicepresidencia.
La ejecución de la condena acaba prácticamente con la inmunidad que habría logrado Correa al ser aceptada su candidatura y que le permitiría regresar a Ecuador para las elecciones.
Diversos cargos
Procesado en ausencia, la justicia estableció que Correa, de 57 años, y varios de sus excolaboradores, también condenados, recibieron sobornos a cambio de contratos con diversas empresas.
Las penas por peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito son imprescriptibles en Ecuador.
La justicia ordenó a la Policía la “inmediata localización y captura” del exgobernante socialista, quien vive en Bélgica —de donde es su esposa— desde que dejó el poder en mayo de 2017 tras el triunfo electoral de Lenín
Moreno, su exaliado.
También dispuso al Ministerio de Finanzas la suspensión del sueldo vitalicio de unos 4.200 dólares mensuales que recibía Correa como expresidente, que pierde al ser condenado por corrupción.
La resolución judicial además comunica al CNE sobre la pérdida de los derechos políticos del exgobernante, que según la Constitución quedaría inhabilitado para los comicios por ser sentenciado por cohecho.
“Sí, fuimos notificados” con la resolución judicial, dijo el abogado de Correa, Fausto Jarrín.
“Nos estamos enfrentando a un proceso de venganza a través de la función judicial”, alegó el letrado.
Sobre Correa, quien afronta una treintena de juicios en Ecuador, pesa otra orden de prisión para ser procesado por el secuestro en Colombia de un opositor ecuatoriano en 2012, delito por el cual no puede ser juzgado en ausencia.