La justicia penal es utilizada para perseguir a periodistas y medios
A contramano de las recomendaciones internacionales respecto a la libertad de expresión y de prensa, en nuestro país la justicia penal sigue siendo utilizada para perseguir a periodistas y a los medios de comunicación.
Un claro ejemplo es el juicio impulsado por la exviceministra de Tributación Marta González Ayala contra el periodista Juan Carlos Lezcano y la directora de nuestro diario Natalia Zuccolillo, para quienes solicita condena de cárcel y pagar millonaria indemnización.
La estrategia no es nueva y las advertencias de su irregularidad tampoco.
La utilización de la justicia penal para sancionar a periodistas es cuestionada por la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y su erradicación está entre los 10 principales desafíos a la libertad de expresión como Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por la Asamblea General
de Naciones Unidas en 2015, que contiene un conjunto de 17 finalidades y 169 metas suscritas por 193 Estados Miembros, que buscan mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales para el año 2030.
Precisamente, el haberse valido de la justicia penal ha motivado la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de anular condenas impuestas en Costa Rica a un periodista y al dueño de un periódico, con el consecuente resarcimiento a los hombres de prensa.
En contrapartida a todo ese bagaje internacional e incluso pese a la existencia de auspiciosos fallos a favor de la libertad de expresión y de prensa en nuestro país, el
perimido argumento de exigir el encarcelamiento de trabajadores de prensa acompañado de pedidos de multimillonarias sanciones pecuniarias sigue a la orden del día en los tribunales paraguayos como estrategia de castigo a supuestos delitos contra el honor.
Así lo plantea sin mayores ceremonias el abogado Jacinto Santamaría, esposo de la citada exviceministra, quien en declaraciones a medios de prensa reconoció que el objetivo que lo impulsa es lograr la máxima sanción establecida en el Código Penal, que es pena privativa de libertad además de una composición económica por el supuesto daño.
En ese sentido, el escrito de querella plantea la friolera de 1.400.000 dólares, que es el monto que la querellante considera alcanzaría para paliar el supuesto agravio sufrido.