Publicaciones sobre millonario contrato
La exviceministra de Tributación Marta González Ayala presentó una querella penal contra la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano, molesta por una serie de publicaciones sobre su gestión durante el gobierno de Horacio Cartes.
En marzo de 2019, luego de recibir documentos que hasta ese momento no habían sido revelados sobre el proceso de licitación para la actualización del sistema de gestión tributaria conocido como sistema Marangatu, ABC Color realizó una serie de materiales sobre cuestiones relacionadas.
Cuando Marta González Ayala era viceministra de Tributación, se adjudicó un contrato –para actualización del sistema tributario– por más de US$ 3 millones a un organismo del que era directiva. No hubo competencia y se alegó que eran los únicos con la experiencia requerida, pero terminaron tercerizando el contrato. El mismo ente responsable del caos fue contratado para la
“solución”. Tras la firma, el organismo ungió presidenta a Marta González.
Alegando urgencia impostergable, en el año 2016 la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) contrató en forma directa y por vía de la excepción al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), una organización con base en Panamá, para actualizar el sistema de gestión tributaria Marangatu.
Llamativamente, quienes fueron elegidos tenían entre sus directivos a Marta González Ayala, quien en ese entonces era la titular de la SET. Es decir, se contrató a un organismo en un momento en el cual ella era una de las autoridades integrantes.
De acuerdo a los datos que constan en el propio sitio web del CIAT, Marta González Ayala ingresó como miembro del consejo directivo de la organización el 6 de mayo de 2014, nueve meses después de haber asumido como titular de Tributación.
A pesar de que el sistema Marangatu llevaba años colapsando y generando un sinfín de cuestionamientos, no fue sino hasta 2016 que la administración de González Ayala decidió que era momento de actualizar el sistema tributario.
El llamado fue publicado en abril de ese año en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas bajo el ID 306.012. Hablaban de urgencia impostergable y pedían la contratación directa por la vía de la excepción. Esto significaba que buscaban elegir a dedo a quienes se quedarían con un contrato de G. 20.000 millones, unos tres millones de dólares.
Menos de dos meses después, en junio de 2016, la licitación ya estaba finiquitada. La SET, con Marta González a la cabeza, contrató con el CIAT, que –¡oh casualidad!– tenía a Marta González como directiva.
Este relato fue el que molestó a González.