Diputado acusado emplazó envío de un pedido de intervención
A pedido del acusado diputado Carlos Portillo (PLRA, efrainísta), la Cámara Baja aprobó sobre tablas el miércoles pasado un proyecto de declaración que emplaza al Ministerio del Interior y al Poder Ejecutivo a enviar en seis días el pedido de intervención municipal de la Comuna de Ñacunday, a cargo del intendente Everaldo Devitte (Unace), afín al cartismo.
La Junta Municipal de Ñacunday (Alto Paraná), en junio pasado aprobó el pedido de intervención municipal por supuestas irregularidades en la administración de Devitte.
Ocho concejales aprobaron el pedido de intervención por supuestas anomalías. La propuesta fue presentada por los ediles Bernardo Chávez (ANR), Mabel Vera (PLRA) y Lourdes Durant (PPT) en plenaria de la Junta Municipal. Asimismo, la iniciativa igualmente fue apoyada por Blas Rivas (PPT), Plutarco Bogado (PPT), César Barúa (PLRA), Julio Gómez (ANR) y Santiago López (Unace).
Tras el rechazo del balance de 2019, los concejales solicitaron a la Contraloría General de la República (CGR) una auditoría de la municipalidad en cuestión.
Los concejales constataron el pago completo por una obra inconclusa. Se trata de la construcción de cuatro aulas en la escuela San José de Paranambú por G. 431.240.020, adjudicado a la firma Aria Servicios, representada por Mario Rubén Insfrán Aquino.
En el tercer cuatrimestre no se justificó la ejecución en algunos rubros como en combustible, principalmente. “Están las facturas con los montos, pero no hay documentos que respalden dónde fueron utilizados, porque hasta la fecha la Intendencia no utiliza los formularios de órdenes de trabajo y órdenes para uso de combustible”, había resaltado el concejal Rivas en mayo pasado.
También citaron el incumplimiento de plazos para los depósitos bancarios de la recaudación y en el segundo semestre se detectó falta de firmas o ausencia de fecha en las documentaciones.
Además, presentaron dos denuncias en la Fiscalía por presunta apropiación de la recaudación de la balsa en el río Ñacunday y por el pago por una supuesta obra de enripiado inexistente.