La pandemia no debe hacernos perder de vista Itaipú

Grandes crisis tienen grandes consecuencias, usualmente no previstas. Esto debemos tener en cuenta con el coronavirus golpeando a nuestra gente, a nuestra economía, a nuestra sociedad y a nuestra democracia que, aunque endeble, nos ha permitido vivir en libertad por una generación. En tiempos de crisis, el deber del Gobierno es guiar al público a través de un proceso de diagnóstico del problema e identificar un plan compartido para resolverlo. Esto es fundamentalmente un acto de educación pública. La Presidencia de la República es la más prominente plataforma para ello en el país. Ciertamente, han llegado los abastecimientos de insumos médicos, respiradores y otros implementos que el país no produce y necesita en estos momentos. Pero el liderazgo presidencial con honestidad, disciplina y visión estratégica, todavía falta. El Gobierno debe no solo galvanizar a los ciudadanos con prolongados confinamientos sociales como lo viene haciendo, sino también castigar sin contemplación a los funcionarios pillados in fraganti en delitos de estafa y de lesión de confianza.

Pero las medidas restrictivas de libertad individual impuestas por el Gobierno a la sociedad por más de medio año utilizando la actual crisis de salud como pretexto, no deben hacer perder de vista a los ciudadanos el desafío político de connotación existencial que está a la vuelta de la esquina: la negociación con Brasil para la revisión de los términos del Anexo C del Tratado de Itaipú y la concomitante modificación del mismo para rescatar la igualdad de derechos consagrada en el Artículo III del Tratado, pero conculcada en la práctica, hasta ahora.

Pese a la alharaca levantada, tanto a nivel de Gobierno, como por la mayoría colorada de la Cámara de Diputados que al final abortó el juicio político reclamado por la oposición política parlamentaria, así como la parodia de investigación conducida a tal efecto por una comisión ad hoc del Congreso, la ciudadanía quedó convencida de que la directiva para la suscripción de la entreguista Acta Bilateral, secretamente firmada en Brasilia el 24 de mayo de 2019, partió del propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Consecuentemente, la grieta de credibilidad pública en el patriotismo del Primer Mandatario abierta a raíz de ese bochornoso incidente hasta ahora no se ha encogido, ni mucho menos.

En el imaginario colectivo del pueblo paraguayo subsiste la desconfianza de que el mismo es un mentiroso, y que por tanto no se puede confiar en su promesa de que va a defender con honestidad y patriotismo los intereses nacionales en juego en la entidad binacional, por lo que la ciudadanía debe mantenerse en estado de alerta roja ante los pasos que pueda dar el Primer Mandatario en tal sentido. Esto, porque así como está sucediendo en algunos países alrededor del mundo regidos por gobiernos autoritarios que se aprovechan de la crisis de salud provocada por la pandemia para atropellar las instituciones democráticas y perseguir a los partidos políticos de oposición, así también bien podría suceder que el presidente Mario Abdo intente valerse del mismo pretexto para intentar de nuevo rifar los intereses nacionales en juego en Itaipú para beneficio económico personal y de sus asociados, como el intentado a través de la empresa brasileña LEROS con el concurso del correvedile “Joselo”, que por alguna razón no prosperó.

Consciente de la desconfianza pública en su gestión de gobierno en cuanto a que esté realmente dispuesto a negociar un acuerdo de mutua conveniencia para el país con su homólogo de Brasil sobre Itaipú, el presidente Mario Abdo ha lanzado una cortina de humo para engañar a la ciudadanía acerca de sus verdaderas intenciones en tal sentido, creando un vasto conglomerado de comisiones conformadas por instituciones públicas cuyo pivote es el “Equipo Negociador para la Revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú”, encabezado, en los papeles, por el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Rivas, pero en los hechos por el ingeniero Héctor Richer, un profesional con menguada credencial de patriotismo con referencia a Itaipú, por decir lo menos. Aunque la fe no elimina la pobreza, al menos calma la angustia que sufren actualmente millones de paraguayos a causa de la pandemia que azota a todos por igual, por lo que los obispos de la Iglesia Católica están haciendo llegar a la ciudadanía palabras de aliento y de esperanza de que pronto acabe la mala racha. Esto no debiera sorprendernos: la jerarquía de la Iglesia Católica siempre se ha mostrado solidaria con los intereses de la sociedad, las binacionales incluidas. En tal sentido, resulta oportuno recordar que el año pasado, en ocasión de celebrarse el Día de la Virgen de Caacupé, el obispo de la basílica, monseñor Ricardo Valenzuela, leyó una carta pastoral tras la misa central, uno de cuyos puntos se refería concretamente a los tratados de las entidades binacionales, en particular Itaipú.

“Paraguay no firmó esos tratados para que unas cuantas familias de un determinado color político se conviertan en multimillonarios por varias generaciones del futuro, sino para combatir la inmoral pobreza de una gran mayoría del pueblo que sufre toda clase de postergaciones injustas”. Tras este pasaje, monseñor Valenzuela hizo alusión puntual a la futura renegociación del Anexo C del Tratado como siendo la oportunidad para que nuestro país obtenga más recursos para impulsar el desarrollo y atenuar la pobreza. Esa apreciación del obispo de Caacupé acerca de la importancia de la próxima negociación con Brasil para la revisión del Anexo C del Tratado no ha perdido actualidad y refleja la coherencia de actitud de la jerarquía de la Iglesia Católica con respecto a la defensa del interés público. El presidente Mario Abdo sabe muy bien lo que el pueblo quiere en Itaipú, por lo que la parafernalia que ha montado supuestamente para definir la estrategia a ser desplegada por su gobierno en las futuras negociaciones con el Brasil es pura alharaca. Lo que la gente quiere es, básicamente, que Brasil nos pague el justo precio por la energía eléctrica excedente paraguaya que actualmente se lleva a título de “cesión”, en vez de “venta”, tal como fue pactado en el Acta Final de Foz de Yguazú: el acuerdo marco en que se inscribe el Tratado de Itaipú. Otro punto que debería negociarse, simultáneamente o inmediatamente después, es el obsoleto Anexo A o estatutos, así como la correspondiente Nota Reversal de Distribución de Cargos, para lograr la administración paritaria de la entidad, en la que desde su instalación se enseñorea una injustificable hegemonía administrativa de nuestros socios por partes iguales en la binacional. Si las Altas Partes contratantes crearon “en igualdad de derechos y obligaciones una entidad binacional denominada Itaipú...” Art. III, sus directores, paraguayos y brasileños, la aparente similitud en la jerarquía de sus directores, ante los ojos del pueblo paraguayo es una humillante estafa, aunque ello implique la eliminación de ciertas direcciones cuya existencia, en la actual etapa del complejo hidroeléctrico ya no se justifica. En efecto, ni la Dirección Jurídica ni la de Coordinación y mucho menos la de Administración tienen el peso y el poder de decisión de la Dirección Financiera y de la Dirección Técnica –eficientes bases de sustentación del director general brasileño– en manos de brasileños desde 1974. Por último, no todo lo que nuestro país debe hacer respecto de Itaipú depende de un acuerdo con los brasileños. El Gobierno paraguayo debe hacer su parte para honrar su lamento borincano de “soberanía energética”, que antes que conmover a nuestro socio de la otra margen, más bien le fastidia, respondiéndonos con sorna: “Y bueno, llévense entonces toda su electricidad, el tratado les habilita”, a sabiendas de que no tenemos absolutamente la capacidad para hacerlo, pues carecemos de la infraestructura de transmisión necesaria para el efecto. En vez de los US$ 70 millones despilfarrados en el ahora imaginario proyecto metrobús y los US$ 80 millones malversados en la supuesta repotenciación de la Industria Nacional del Cemento (INC) por el gobierno de Horacio Cartes, mejor empleados hubieran servido para construir las líneas de transmisión de 500 kV que necesitamos para retirar nuestro combo de electricidad de Itaipú y así dejar de fastidiar a nuestro socio con el berrinche de referencia.